Por Conall Corrigan / GICJ
Traducido por Jennifer Tapia Boada / GICJ
El 25 de abril, el gobierno del Reino Unido anunció que tiene la intención de proponer a Westminster una controvertida legislación, dentro de los siguientes seis meses. La cual contiene una serie de disposiciones polémicas, incluida la creación de un plazo de prescripción y el bloqueo de todas las investigaciones, procesamientos, indagatorias de legado y otras acciones legales o civiles relacionadas con los delitos y disturbios en Irlanda del Norte. Las cuales fueron presuntamente cometidas tanto por grupos paramilitares como las fuerzas de seguridad británicas, antes de la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998. En lugar de buscar justicia a través del sistema judicial e investigaciones policiales, las víctimas se verán obligadas a cooperar con un nuevo organismo de recuperación de información para buscar el acceso a la verdad.
La referida legislación esta relacionada con el prolongado conflicto civil entre fuerzas nacionalistas y unionistas en Irlanda del Norte, de 1969 a 1998. Los principales actores en el conflicto involucraron a una serie de grupos republicanos y leales, así como a la policía local y fuerzas armadas británicas. El conflicto que siguió, tuvo enormes ramificaciones dentro de Irlanda del Norte, incluidas más de 3700 muertes, el desplazamiento interno de aproximadamente 7000 personas y más de 2000 personas encarceladas sin juicio. Desde la implementación del Acuerdo de Viernes Santo, el debate se ha centrado en cómo Irlanda del Norte debería abordar las violaciones de derechos humanos del pasado. Aunque, se han realizado esfuerzos para implementar cambios estructurales dentro de Irlanda del Norte desde que se terminó el conflicto. Los cuales incluyen la reforma del sistema policial y de justicia penal, hasta ahora, Irlanda del Norte no ha implementado un enfoque único e integral para abordar los abusos contra los derechos humanos en el pasado.
El primer ministro Boris Johnson, cuando anunció por primera vez las propuestas en 2019, afirmó que permitirían a las víctimas y supervivientes “trazar una línea sobre los disturbios y permitir que el pueblo de Irlanda del Norte avance”[1]. Sin embargo, los planes del gobierno han atraído una condena nacional e internacional generalizada que resultó en que la ONU los calificara como una “amnistía de facto e impunidad general”[2] por los graves abusos contra derechos humanos cometidos durante los disturbios. Las medidas propuestas han sido recibidas con hostilidad por los grupos de víctimas en Irlanda del Norte que creen que el gobierno británico está tratando de socavar los intentos de recuperar la verdad y garantizar justicia para las víctimas y sus familias. Además, el anuncio de las intenciones del gobierno de introducir legislación relacionada con los disturbios, ha dado como resultado una extraña muestra de unidad entre las divisiones políticas, ya que los cinco partidos políticos que componen el Ejecutivo en Irlanda del Norte, han expresado su preocupación por la falta de rendición de cuentas de quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las tres décadas de conflicto.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena los intentos del gobierno británico de socavar esfuerzos para lograr la anhelada justicia durante mucho tiempo por las víctimas y sobrevivientes de los disturbios. GICJ cree que se debe alentar a todas las sociedades que salen de un conflicto a confrontar el legado de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado para aumentar la probabilidad de que no se repitan y permitir la creación de una sociedad más pacífica y próspera. El gobierno británico debería hacer mayores esfuerzos para comprometerse con los grupos de víctimas y los partidos políticos dentro de Irlanda del Norte, con el fin de comprender mejor el daño que pueden causar sus propuestas. Además, GICJ pide al gobierno británico que reconozca sus obligaciones en virtud del derecho internacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) en relación con el acceso a la justicia para las víctimas y la garantía de responsabilidad para aquellos que han cometido abusos contra los derechos humanos.
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