Traducido por: Alexandra Grigorescu
La lamentable situación de derechos humanos descripta en este artículo, incluyendo asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, está lejos de haber terminado. Geneva International Centre for Justice (GICJ) ha presentado declaraciones escritas y orales en la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando el persistente patrón de graves violaciones de derechos humanos que padece Irak hasta el día de hoy.
Resumen de la participación de GICJ en la 19ª sesión del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, 9 de septiembre de 2020
El 9 de septiembre de 2020, el Geneva International Centre for Justice (GICJ) hizo declaraciones en la 19ª Sesión del Comité de Desapariciones Forzadas (Comité) y presentó una actualización de su informe alternativo presentado anteriormente en marzo de 2020 en la 18ª Sesión, destacando la persistente situación de desapariciones forzadas en Irak.
GICJ reiteró al Comité que el gobierno iraquí debe aceptar su responsabilidad por las desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas que se han producido en Irak desde 2003. GICJ informó al Comité de las desapariciones forzadas ocurridas en Irak desde el 18º período de Sesiones, en particular las numerosas desapariciones de activistas y manifestantes desde que estallaron las manifestaciones a nivel nacional el 1 de octubre de 2019.
Acciones urgentes
GICJ informó al Comité sobre sus acciones urgentes, el 25 de agosto de 2020, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al Jefe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Irak (UNAMI) y al Representante Especial del Secretario General para Irak , Sra. Jeanine Hennis-Plasschaert. Las acciones se referían al aumento de las violaciones de derechos humanos contra activistas y manifestantes en Irak, incluidos secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos.
Las acciones del 25 de agosto de 2020 fueron el seguimiento de dos cartas separadas enviadas 7 días antes, el 18 de agosto de 2020, al Alto Comisionado y al Representante Especial, respectivamente. La acción urgente era necesaria ya que se produjeron secuestros y asesinatos adicionales en el lapso de esa semana. GICJ hizo hincapié en la imperiosa necesidad de la intervención del Alto Comisionado, el Representante Especial, la UNAMI y todos los órganos pertinentes de derechos humanos de la ONU. La demanda principal en estas cartas es la urgente necesidad de una acción internacional para disolver las milicias en Irak, ya que son los principales autores de estas graves violaciones de derechos humanos.
Desapariciones forzadas en la provincia de Al-Anbar en 2015 y 2016
Se señalaron además a la atención del Comité las violaciones específicas denunciadas y verificadas recientemente tanto por la UNAMI como por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). Estos informes siguieron a los acciones de GICJ el 25 de agosto de 2020 para que se adoptaran medidas urgentes para abordar la situación en Irak e incluían un informe conjunto de la UNAMI / ACNUDH del 30 de agosto de 2020 titulado "Desapariciones forzadas en la gobernación de Anbar 2015-2016: Responsabilidad para las víctimas y derecho a la verdad" (Informe conjunto UNAMI / ACNUDH). En este sentido, se actualizó al Comité sobre los hallazgos específicos del informe conjunto UNAMI / ACNUDH que verificaba las desapariciones forzadas ocurridas en Anbar entre 2015 y 2016.
GICJ también proporcionó al Comité sus propias conclusiones sobre desapariciones forzadas en Anbar, que revelaron discrepancias en el informe conjunto UNAMI / ACNUDH. Según la lista de GICJ, el número de víctimas encontradas en Anbar de 2015 a 2016 es en realidad mucho más alto que las cifras documentadas en el informe conjunto UNAMI / ACNUDH. Se informó al Comité de lo siguiente:
Del 2 al 6 de junio de 2016 en los alrededores de Faluya, específicamente en Saqlawiya, nuestra lista indica los nombres de 643 personas desaparecidas. El GICJ incluyó esta lista en su carta al Alto Comisionado el 12 de octubre de 2016. De la lista y del gráfico a continuación, es evidente que las milicias secuestraron a hombres y niños pertenecientes a las mismas familias y tribus, lo que demuestra claramente la agenda sectaria detrás sus acciones. El gráfico a continuación muestra solo algunas de las familias de las 643 personas desaparecidas y ejemplifica cómo las milicias apuntan y erradican generaciones enteras de estas familias.
GICJ también presentó información sobre el secuestro de unas 300 personas de al-Azrakiya, una aldea entre Faluya y Saqlawiya, el 2 de junio de 2016. 150 personas murieron en el lugar y, entre ellas, se informó que una familia completa de 35 personas había sido ejecutada. Los demás desaparecieron.
GICJ ha documentado 784 personas desaparecidas en el puente de Bzebz en mayo de 2015. Para huir de la violencia y el control de ISIS en el año 2015, miles de personas intentaron llegar al puente de Bzebiz, desde donde planeaban cruzar el Éufrates para llegar a Bagdad. Las milicias controlaron los puntos de control alrededor del área y secuestraron a estas personas, negándose a dejarlas pasar con el argumento de que miembros de ISIS estaban entre ellos. No se inició ninguna investigación sobre el paradero de las personas desaparecidas. Los parlamentarios confirmaron la desaparición forzada de 2.200 personas.
GICJ también ha informado sobre 865 personas secuestradas en un solo puesto de control, Al-Razzaza .
Es esencial tener en cuenta que el informe de la UNAMI / ACNUDH se ha producido después de muchos años de arduo trabajo de GICJ para solicitar al Alto Comisionado y al Representante Especial que investigue y exija al gobierno iraquí hacerse responsable por las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que se están cometiendo en Irak. Sin embargo, el informe no da cuenta de las personas desaparecidas en Irak más allá de Anbar durante el período de 2015 a 2016.
Otras desapariciones forzadas documentadas por GICJ
A lo largo de los años, el GICJ ha informado ampliamente sobre casos de desaparición forzada en las provincias de al-Anbar, Diyala y Salah ad-Din. GICJ ha informado anteriormente sobre estos casos tanto al Comité como al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Grupo de Trabajo). Mucho antes de que se publicaran los informes de la UNAMI / ACNUDH, la GICJ había documentado listas de víctimas de desapariciones forzadas y las había presentado al Alto Comisionado, la UNAMI, el Comité y el Grupo de Trabajo.
Estas listas no representan a todos los desaparecidos ya que GICJ todavía está recibiendo y verificando casos de personas desaparecidas en diferentes áreas de Irak. Las milicias atacaron y erradicaron generaciones enteras de familias. Motivados por la agenda sectaria, las milicias secuestraron a estas personas simplemente porque sabían que eran árabes sunitas. No hubo conflicto con estas personas; eran civiles inocentes. Los principales autores de las desapariciones forzadas fueron Kata'ibHezbollah-Iraq, Asa’ib Ahl al-Haq y la brigada Badr con el conocimiento y la cooperación de las fuerzas iraquíes. Estos asesinatos y desapariciones intencionadas y selectivas de un grupo étnico constituyen un genocidio.
Aparte de Anbar, GICJ ha documentado las siguientes desapariciones forzadas en todo Iraq y ha presentado esta información al Comité:
i. Provincia de Diyala
Antes de finales de enero de 2015, las fuerzas militares iraquíes anunciaron la liberación total de todas las áreas bajo control de ISIS en la provincia de Diyala. Varias milicias, principalmente Asa'ib Ahl al-Haq, la brigada Badr, Saraya Al Salam y Kata'ib Hezbollah, aprovecharon la tensa situación para tomar el control de todos los recursos de la provincia. Al hacerlo, impidieron que un gran número de ciudadanos desplazados regresaran a sus hogares, en particular los residentes de Muqdadiyah y Sinsil Bassin, que incluye más de 33 aldeas.
Los secuestros, a menudo dirigidos a jóvenes, figuraban entre los muchos métodos utilizados por las milicias para intimidar a las personas. Esta campaña se prolongó durante más de un año, en el que cientos de personas habían sido secuestradas por unidades gubernamentales y las milicias, y hasta la fecha se desconoce su paradero. Esto se vio agravado por otros incidentes en 2019 de desplazamiento forzado en varias aldeas de la ciudad de Abi Sayda. Los acontecimientos que se desarrollaron en Diyala fueron parte de una política sistemática implementada por las autoridades iraquíes a través de sus milicias afiliadas que tenía como objetivo desplazar a los residentes árabes sunitas y provocar un cambio demográfico forzado dentro de la provincia de Diyala. Como resultado, el número de personas desaparecidas sigue creciendo cada año.
ii. Provincia de Salah ad-Din
El 14 de noviembre de 2014, el gobierno iraquí declaró que la ciudad de Baiji fue liberada del control de ISIS. La destrucción de la ciudad obligó a gran parte de la población a marcharse, bajo la presión de las milicias. Las milicias secuestraron a más de 200 personas de la ciudad y las aldeas circundantes. Se desconoce su paradero.
Al Dour también fue recuperado de ISIS por el gobierno iraquí y las milicias en la primera semana de marzo de 2015. Sin embargo, la milicia, principalmente Kata’ib Hezbollah, utilizó la operación como pretexto para destruir la mayor parte de la ciudad. Quemaron casas, pueblos y granjas. Secuestraron a 300 personas; la mayoría de ellos eran hombres de familias específicamente seleccionadas. Se desconoce su paradero.
iii. Las demostraciones de octubre de 2019
A lo largo de las manifestaciones contra el gobierno que se están librando en Irak desde principios de octubre de 2019, ha habido un número creciente de manifestantes, defensores de los derechos humanos y periodistas desaparecidos por la fuerza. Es casi seguro que los asesinatos y secuestros se llevan a cabo bajo las órdenes del gobierno iraquí, ya sea por personal de seguridad del gobierno o milicias afiliadas.
Las desapariciones forzadas, especialmente de activistas civiles y miembros de la prensa, se han generalizado. Fuentes del GICJ confirman que el número total de secuestrados en la actualidad supera las 700 personas y se desconoce el paradero de muchos de ellos, lo que provocó y sigue causando mucha angustia a los familiares. La mayoría de los casos ocurren mientras estos activistas regresaban a sus hogares de las manifestaciones.
Falta de voluntad política e intimidación deliberada
GICJ informó además al Comité sobre la conducta deplorable, maliciosa e inexcusable del gobierno iraquí. El gobierno iraquí no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ICED) y ha avanzado activamente en una campaña de amenazas e intimidación contra manifestantes en clara violación del derecho de reunión pacífica. Irak ha ratificado la ICED, pero aún no ha establecido una legislación eficaz para implementarla. No existe una interpretación clara de la definición de "desaparición" en la legislación iraquí. Hasta el día de hoy, no se ha iniciado ningún proceso judicial contra los autores de desapariciones forzadas. El gobierno iraquí no ha puesto en práctica ninguna estrategia para prevenir las desapariciones forzadas y no ha hecho nada tangible para buscar a las personas desaparecidas. No existe absolutamente ninguna voluntad política ni ningún procedimiento o proceso legal para conocer las circunstancias y el paradero de las personas desaparecidas.
La legislación iraquí no prevé procedimientos específicos para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de presuntas desapariciones forzadas. No hay disposiciones que describan cómo y ante quién denunciar una persona desaparecida. En cambio, existen diferentes procedimientos que van desde la policía, los tribunales, el Ministerio de Salud, la Fundación de los Mártires y el Alto Comisionado de Irak para los Derechos Humanos, cada uno de los cuales tiene diferentes responsabilidades. En resumen, no existe una autoridad competente clara para tratar los casos de desapariciones forzadas. Como resultado, las familias enfrentan dificultades extremas al tratar de determinar la suerte y el paradero de sus familiares. La documentación civil requerida para registrar un caso, y cada institución tiene sus propios procedimientos administrativos, a menudo desalienta el registro de casos ante las autoridades. La intimidación y el miedo obstaculizan el proceso, agravado aún más por la discriminación por motivos étnicos derivada del sistema sectario de gobierno que perjudica a los árabes sunitas.
El gobierno iraquí ha anunciado repetidamente en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y en el Comité que coopera plenamente con la ONU. El gobierno iraquí incluso ha extendido invitaciones abiertas a los titulares de mandatos especiales, incluido el Grupo de Trabajo. Sin embargo, GICJ ha descubierto que estas invitaciones eran simplemente parte de una campaña de relaciones públicas que el gobierno iraquí urdió antes de su elección como miembro del CDH en 2017. Ha impedido deliberadamente que estas visitas se realicen. GICJ ha sabido, por algunos organismos iraquíes, que existe una decisión gubernamental permanente de no permitir la visita del Grupo de Trabajo. Aunque esta posible visita se publica en el informe del Grupo de Trabajo como una invitación de Irak, es poco probable que suceda en el corto plazo, ya que la decisión del gobierno de evitarla sigue en vigor.
Con respecto a los objetivos de los manifestantes, las autoridades iraquíes no han tomado ninguna medida real para combatir estas violaciones y responsabilizar a los perpetradores. En cambio, los funcionarios gubernamentales y muchos políticos, incluidos miembros del Parlamento, están promoviendo activamente los ataques sistemáticos y el aumento de los actos de violencia contra activistas y defensores de los derechos humanos. En entrevistas y en numerosas publicaciones en las redes sociales, han negado la identidad de las víctimas como activistas, llamándolas agentes extranjeros estadounidenses y, por lo tanto, una amenaza para Irak. Estas afirmaciones falsas son un intento de desacreditar a las víctimas y justificar los ataques. Durante años, estas acusaciones se han dirigido contra todos los detenidos arbitrariamente y desaparecidos, lo que demuestra claramente que se trata de una táctica estratégica para desacreditar a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, permitiendo que estas violaciones persistan.
Recomendaciones al Comité
GICJ hizo varias recomendaciones al Comité. Pidió que el gobierno iraquí cumpliera con las leyes internacionales de derechos humanos, en particular la ICED. Además, recomendó la criminalización y el desmantelamiento de todas las milicias en Irak. El gobierno iraquí también debe diseñar y adoptar una estrategia integral para la búsqueda de personas desaparecidas en Irak desde 2003. La ONU debe asumir un papel eficaz para garantizar que las investigaciones sobre desapariciones forzadas se manejen de manera transparente para brindar respuestas a las familias de las personas desaparecidas en Irak. independientemente de la fecha, los motivos y el origen étnico o religioso. El Comité debe priorizar aún más una visita a Irak y presionar al gobierno iraquí para que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional.
Diariamente, GICJ recibe más reportes de personas desaparecidas e información sobre casos de desapariciones forzadas en Irak. Este seguirá siendo el caso mientras el gobierno iraquí no cumpla con sus obligaciones en virtud de la Convención y los perpetradores no respondan por sus conductas. GICJ continuará buscando justicia y verdad para los desaparecidos en Irak y sus familias. Estas representaciones en la 19ª sesión del Comité son un paso más hacia la responsabilidad. Nunca dejaremos de buscar y siempre lo recordaremos.
Link al artículo original en inglés: https://www.gicj.org/topics/thematic-issues/enforced-disappearances/1868-update_ced_2020
