Por Conall Corrigan / GICJ
Traducido por Natalia Venegas / GICJ
El 31 de agosto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo públicas las conclusiones de la evaluación de su oficina sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) de China, minutos antes de finalizar su mandato de cuatro años. En su informe, la Sra. Bachelet señaló que las acciones del gobierno chino en la región, incluyendo la detención arbitraria de musulmanes uigures, las desapariciones involuntarias y el uso generalizado de la tortura, equivalían a "graves violaciones de los derechos humanos".
Desde al menos 2017, los abusos sufridos por los musulmanes en la RXU se han intensificado drásticamente, con hasta 1,5 millones de personas detenidas en los llamados "centros de educación y formación profesional". El uso de dichos centros y la opresión generalizada de los uigures han proliferado en los últimos años debido a la supuesta preocupación del gobierno chino por el terrorismo y el extremismo islamista. El Alto Comisionado señala que el impulso para investigar las prácticas del Estado en la RAE de Xuan se debe al aumento de las denuncias presentadas por numerosos grupos de la sociedad civil que afirman que los uigures han sido activamente discriminados en nombre de la seguridad nacional. El informe subraya que China está sujeta a varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como a normas de ius cogens que incluyen la prohibición de cometer crímenes internacionales como los de lesa humanidad. Por ello, el informe pide al gobierno chino que garantice la rendición de cuentas de los autores de violaciones de derechos humanos y la reparación de las víctimas. Además, el Alto Comisionado hizo hincapié en que la situación de los derechos humanos en la RAE de Xuan requiere la atención urgente de la ONU, así como de la comunidad internacional en general.
El Congreso Mundial Uigur y otras ONG internacionales acogieron con satisfacción el informe y elogiaron a la ONU por reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas contra los musulmanes en Xinjiang. En respuesta a las acusaciones expuestas en la evaluación del Alto Comisionado, China afirmó que estas conclusiones estaban "basadas en la desinformación y las mentiras fabricadas por las fuerzas antichinas".
Geneva International Centre for Justice (GICJ) elogia a la Alta Comisionada por publicar su tan esperado informe sobre los malos tratos a las comunidades musulmanas en la RAE de Xuan. Dada la gravedad de los abusos cometidos contra los uigures en la región, es cada vez más necesario que los Estados realicen un esfuerzo coordinado para garantizar que el gobierno chino rinda cuentas de sus actos. Además, los Estados deben evaluar su compromiso con China como una verdadera contraparte en los esfuerzos antiterroristas y tomar medidas para desafiar la narrativa del gobierno chino de que sus acciones en la XUAR están diseñadas para contrarrestar las amenazas terroristas y extremistas. Estas medidas deben adoptarse en un esfuerzo colectivo de la comunidad internacional para que China rinda cuentas de sus violaciones de derechos y se pongan en marcha mecanismos que garanticen la reparación de las víctimas y los supervivientes.
