Por Natalia Venegas / GICJ
El 9 de mayo de 2022, 43 reclusos murieron durante un motín en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de Los Tsáchilas, situado a unos 70 kilómetros de Quito. El incidente evidencia llos considerables problemas inherentes al sistema penitenciario ecuatoriano. En promedio, un recluso es asesinado en prisión cada día en Ecuador. Además, el gobierno se enfrenta a numerosos desafíos al intentar mantener las prisiones libres de motines y al mismo tiempo mantener un alto nivel de seguridad penitenciaria. En los últimos años, Ecuador ha sido testigo de un aumento generalizado de los motines en las cárceles.
La actual serie de disturbios comenzó en 2021. Según las autoridades, los motines estaban relacionados con enfrentamientos entre bandas criminales financiadas por el tráfico de drogas [3]. El primero ocurrió el 23 de febrero de 2021 en tres cárceles distintas: Guayaquil, Cuenca y Latacunga. El Servicio de Rehabilitación de Ecuador informó que el número total de muertes como resultado directo de los motines fue de 79. Otros motines ocurridos en julio de 2021, tuvieron lugar en dos de las cárceles grandes de Ecuador (Guayaquil y Latacunga), en los que murieron 22 reclusos.
Además de los incidentes mencionados, en septiembre de 2021 se produjo una masacre penitenciaria en el "Centro de Privación de Libertad Número 1" de Guayaquil, la mayor hasta ahora en la historia de Ecuador. Una banda carcelaria conocida como "Los Tiguerones" atacó dos pabellones de máxima seguridad de la prisión y decapitó a cinco personas. Más tarde, sus miembros llegaron a otro pabellón y mataron a 19 presos lanzando una granada y disparando a los supervivientes. La banda contraria, "Los Choneros", presente en ese pabellón, respondieron con fuego [5]. Este motín dejó 119 muertos y 80 heridos [4].
Aunque el motín de septiembre de 2021 sigue siendo el ejemplo más notable de violencia carcelaria en Ecuador, está claro que este tipo de motines se ha convertido en un fenómeno común. En febrero de 2022, se produjo una disputa entre bandas en la prisión de El Turi, en la ciudad de Cuenca, la cual causó la muerte de al menos 20 reclusos. En relación con este motín, el Ministerio del Interior afirmó que "hay una organización que quiere tener el poder absoluto dentro del centro, y algunas celdas se han rebelado contra ellos" [6].
Asimismo, el 9 de mayo se produjo otro motín en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de Los Tsáchilas. Esto ocurrió durante la fuga de 220 presos, de los cuales 108 aún no han sido capturados [7] [8]. Los motines fueron provocados por el traslado de un preso conocido como "Anchundia", vinculado a la banda R7. En este último motín murieron 43 presos.
Han surgidio muchas hipótesis sobre el reciente aumento de los motines en las cárceles. En primer lugar, muchos han teorizado que una lucha de poder entre varios grupos criminales por las prisiones y su mercado podría ser la razón principal de la escalada de violencia, siendo bandas como "Los Choneros", "Los Tiguerones", "Los Lobos" y "Los Lagartos" actores clave en la propagación de los disturbios. En segundo lugar, las disputas por las rutas del narcotráfico han sido catalogadas como un área de disputa entre bandas rivales. Según Insight Crime, Ecuador se ha convertido en los últimos años en la "autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa". Las rutas de los estupefacientes son el principal problema en las cárceles de Guayaquil debido a su proximidad a los puertos más concurridos de Ecuador. En tercer lugar, el crecimiento de la actividad de las bandas se ha infiltrado en el sistema político y ha hecho que se extienda la corrupción dentro de sus instituciones, permitiendo así, que varios grupos criminales amplíen sus operaciones de tráfico de drogas con poca interferencia del gobierno. Por último, el hacinamiento de las cárceles ha provocado un aumento de los índices de violencia dentro del sistema penitenciario. La infraestructura penitenciaria actual de Ecuador comprende cerca de 60 centros con capacidad para albergar a 29.000 reclusos y 1.500 guardias, con un déficit de al menos 2.500 guardias. Su sobrepoblación es de alrededor del 30%, con 38.000 internos [2].
Ante la situación actual, y el aumento de los motines en las cárceles del país, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pidió al gobierno ecuatoriano que considere las recomendaciones del informe de 2019 sobre derechos humanos y administración de justicia. El informe recomienda medidas para reducir la violencia, las muertes y las lesiones graves en los centros de detención [1].
Liz Throssell, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró: "Estos preocupantes incidentes ponen de manifiesto una vez más, la urgente necesidad de una reforma integral del sistema de justicia penal, incluido el sistema penitenciario, para hacer frente a lo que ha sido una crisis prolongada en el país". Destacó, además, que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, lo que crea una presunción de responsabilidad del Estado por las muertes de los reclusos. La Sra. Throssell pidió una investigación completa de los incidentes e instó al gobierno de Ecuador a considerar una hoja de ruta sugerida por la oficina en alianza con la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para garantizar mayores niveles de seguridad dentro de las prisiones y asegurar una mejor gestión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el sistema penitenciario ecuatoriano es débil, debido al abandono del Estado y a la falta de una política integral, así como, a las pésimas condiciones en las que se encuentran los presos.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) encuentra preocupación por la violencia que tiene lugar en el sistema penitenciario ecuatoriano. Así como,la falta de control del Estado sobre las acciones de los reclusos. El exceso de violencia en las cárceles afecta la seguridad y a los derechos humanos. GICJ hace un llamado al gobierno de Ecuador para que adopte las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la UNODC, con el fin de garantizar mayor seguridad y una mejor gestión en los centros de detención. Sólo una reforma del sistema de justicia penal puede mejorar el abandono y la debilidad del sistema penitenciario, además de, construir una política integral.
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[1] https://news.un.org/en/story/2022/05/1117952
[2]https://www.elmundo.es/internacional/2021/02/24/6035c22c21efa0492a8b4650.html
[4]https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58748756
[6]https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60977430
[8]https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61326507
