49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
28 de febrero - 1 de abril de 2022
ÍTEM 2 - Actualización oral de la Alta Comisionada, seguida de una presentación de informes sobre las actividades de la OACDH en Colombia, Guatemala y Honduras
8 de marzo de 2022
Por Lian Martínez / GICJ
Resumen ejecutivo
El 8 de marzo de 2022, durante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Sra. Michelle Bachelet, presentó una exhaustiva actualización oral sobre la evolución reciente de la situación de los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Honduras, junto con Chipre y Eritrea. La Alta Comisionada hizo un llamado a las autoridades para que den prioridad al fortalecimiento del Estado de Derecho, en particular al acceso a la justicia, la promoción del espacio cívico y la participación ciudadana. Se destacó la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la adopción de medidas para lograr progresivamente su plena realización. Se instó a la promoción de la igualdad y la no discriminación de las personas en situación de vulnerabilidad, así como la prevención y alerta temprana de los conflictos sociales y las violaciones de los derechos humanos.
La declaración de la delegación hondureña se centró en la protección de los derechos de las mujeres, de las personas LGBTQI, de las personas defensoras de los derechos humanos y de los ecologistas. Se garantizó el compromiso del gobierno en cuanto al desmantelamiento del proceso de persecución política de activistas de derechos humanos, comunicadores, defensores de la justicia y de la vida. La Secretaria de Estado reafirmó la firme voluntad del gobierno de respetar a los pueblos indígenas y destacó que en los primeros meses de la presidencia de Castro ya se han liberado los primeros presos políticos.
Antecedentes
El 4 de mayo de 2015, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmó un acuerdo con el Gobierno de Honduras, relativo al establecimiento de una oficina en el país. De acuerdo con su mandato, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (ACNUDH-Honduras) supervisa la situación de los derechos humanos en el país y proporciona capacitación y asistencia técnica a las instituciones estatales. También, colabora con las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo general de mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos en el país.
El informe de la Alta Comisionada se presentó al Consejo de Derechos Humanos en virtud del artículo V, párrafo IV, del acuerdo entre la Alta Comisionada y el Gobierno, haciendo especial hincapié en las instituciones, la mejora del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y las políticas de seguridad en un contexto de violencia e inseguridad, la situación de los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres y los derechos económicos y sociales.
La Sra. Bachelet presentó su informe sobre Honduras (A/HRC/49/21), en el que se describe la situación de los derechos humanos supervisada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. El informe se basa en la información recopilada y analizada por la OACDH sobre el terreno y en la información proporcionada por las autoridades estatales. Además, incluye información proporcionada por la sociedad civil, víctimas y otras partes interesadas.
La Alta Comisionada reiteró su compromiso de apoyar a Honduras en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de todas las personas e instó a las autoridades a implementar una serie de recomendaciones, incluyendo la implementación de una política criminal con un enfoque basado en los derechos humanos, la mejora de la independencia del poder judicial, la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia de género y la garantía de los derechos de las personas LGBTQI.
Actualización oral de la Alta Comisionada
La Sra. Bachelet expresó su preocupación por la profundización de la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la corrupción, así como por la continua discriminación y los altos niveles de violencia que marcaron al país en 2021. Destacó el aumento de los índices de pobreza en el país, que pasaron del 64,7% en 2019 al 73,6% en 2021. Afirmó que la pandemia de Covid-19 también jugó un gran papel en el empeoramiento del acceso a la educación formal, ya que el 41% de los niños y niñas en edad escolar quedaron fuera del sistema educativo debido a la falta de recursos digitales.
Sin embargo, felicitó y reconoció el alto índice de participación en las elecciones del 28 de noviembre de 2021, que por primera vez llevaron a una mujer a la presidencia del país. No obstante, la Alta Comisionada lamentó la violencia preelectoral, con 69 incidentes que dejaron 30 muertes. Por ello, insistió en la necesidad de responsabilizar a los autores de estas violaciones y abusos de los derechos humanos.
La Sra. Bachelet hizo un llamamiento a las autoridades para reforzar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Lamentó los asesinatos de 318 mujeres y 28 miembros de la comunidad LGBTQI registrados por su Oficina y pidió que se investigaran de forma rápida y exhaustiva. También condenó los ataques y amenazas contra 302 defensores de los derechos humanos y periodistas, diez de los cuales fueron asesinados en 2021.
Aunque acogió con satisfacción el veredicto en el juicio por asesinato de la reconocida ecologista hondureña Berta Cáceres, expresó su preocupación por la falta de independencia judicial y de acceso a la justicia de las víctimas en otros casos de derechos humanos. Instó al gobierno a mejorar las políticas destinadas a reforzar la protección de todos los defensores de los derechos humanos. La Sra. Bachelet afirmó que la corrupción en Honduras sigue siendo un grave problema estructural. Destacó que las recientes reformas legales, como el Decreto 93-2021, que facilitó la liberación y absolución de varios exfuncionarios acusados y condenados por corrupción, contribuyeron a socavar el Estado de Derecho. La Alta Comisionada también se refirió a las disputas por la tierra entre las empresas extractivas y las comunidades locales, que han dado lugar a ataques contra los defensores del medio ambiente y a desalojos forzosos.
La delegación de Honduras reafirmó el compromiso de Xiomara Castro, recién elegida Presidenta de la República de Honduras, con la protección de las libertades fundamentales de los derechos de las mujeres, de los defensores de los derechos humanos, de las personas migrantes, estigmatizadas y de quienes han sufrido violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Se afirmó que todas las propuestas y acciones del gobierno se basarían en la promoción de los derechos humanos.
Declaración de la delegación hondureña
La delegación reveló que numerosos presos políticos habían sido liberados de la cárcel a la luz de las obligaciones del Presidente en materia de derechos humanos y por la emisión de un nuevo decreto a través del Congreso Nacional que ha comenzado a desmantelar el proceso de persecución política. El Gobierno hondureño expresó su extrema preocupación por la falta de rendición de cuentas de las empresas responsables de la violación de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, específicamente, con un enfoque en la responsabilidad de reparación a las víctimas del proyecto conocido como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Esta iniciativa fue condenada enérgicamente ya que supone una importante amenaza al derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y al derecho al desarrollo equitativo y sostenible.
Por último, la representante hondureña destacó el compromiso del gobierno de buscar la verdad y garantizar la justicia, inspirándose en los activistas y defensores de los derechos humanos, Berta Cáceres y el arzobispo Óscar Arnulfo Romero.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice (GICJ) acoge con satisfacción el informe de la OACDH sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y espera que aliente al nuevo gobierno elegido a proteger y ser garante de las libertades fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas hondureñas. Asimismo, GICJ insta a Honduras a centrar sus esfuerzos en la reforma y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, con el fin de garantizar la erradicación de la corrupción en sus organismos gubernamentales. En materia de empresas y cumplimiento de los derechos humanos, GICJ alienta a Honduras a adoptar las prácticas necesarias para que los proyectos empresariales se desarrollen con pleno respeto a los derechos de las comunidades indígenas vulnerables.
Además, consideramos necesaria la implementación de políticas públicas, para lograr la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, y en particular para mitigar las consecuencias de la pandemia, el aumento de la pobreza y el estructuralismo de la desigualdad. Exhortamos al gobierno hondureño a adoptar medidas urgentes para adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de derechos humanos para promover y proteger el espacio cívico. También, alentamos a la prevención, investigación y sanción de los violadores de los derechos humanos y de los autores de los crímenes contra las mujeres, las personas LGBTQI, los pueblos indígenas, las personas afrohondureñas, los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
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