48º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos
13 de septiembre a 8 de octubre de 2021
TEMA 2 - Informe anual de la Alta Comisionada de Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y el Secretario General
Diálogo Interactivo sobre el informe del grupo de eminencias expertas sobre Yemen
14 de septiembre de 2021
Por: Louise Requin / GICJ
Traducción por: Marc Gancedo
Resumen ejecutivo
El conflicto en Yemen es una guerra civil en la que se enfrenta la milicia Houthi con el gobierno yemení legítimo, dirigido por el Presidente Hadi y respaldado por una coalición liderada por los saudíes. El conflicto ha dividido el país entre el norte, controlado por los Houthi, y el sur, controlado por el gobierno.
El grupo de eminencias expertas hace entrega de su informe que investiga en remoto violaciones de derechos humanos. Se han constatado formas violentas de detención arbitraria dirigidas específicamente contra activistas de derechos humanos y periodistas. Las mujeres se encuentran especialmente en riesgo y los informes relatan niveles increíbles de violencia sexual, perpetratada por los Houthis, sobre mujeres detenidas. La crisis humanitaria perdura al continuar el bloqueo que impide el abastecimiento de comida, medicina y combustible. Los ataques aéreos continúan a pesar de los avisos de que constituyen infracciones del derecho internacional, debido a su carácter indiscriminado y desproporcionado.
Los Estados miembro y organizaciones de la sociedad civil discutieron los hallazgos del grupo después de que el presidente presentara el informe. La discusión giró en torno a la legitimidad del mandato del grupo. La coalición y los países alineados rechazaron los hallazgos del grupo y exigieron que éste no fuera renovado. En cambio, apoyan el comité de investigación nacional y solicitan apoyo internacional para este último. Los países occidentales difieren con estas posiciones y estrechan su apoyo al mandato del grupo.
Las recomendaciones del grupo fueron las siguientes: referir la situación a la CPI, ampliar la lista de individuos sancionados, establecer una investigación penal independiente, crear un tribunal especial e instar a terceros Estados a investigar los crímenes de guerra.
GICJ recibe de buen agrado el empeño del Grupo de informar sobre violaciones de derechos humanos. A pesar de esto, lamentamos la falta de énfasis puesta sobre la participación de Irán en la transferencia de armas a los Houthis. La guerra civil yemení es un conflicto proxy que enfrenta a Irán y Arabia Saudí y, por lo tanto, el Grupo de Trabajo debería haber prestado atención a estas cuestiones. Además, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia son algunos de los principales suministradores de armas de la coalición. Su involucración por lo tanto, posibilita la continuación del conflicto y debería haber sido abordada. Finalmente, GICJ encuentra deplorable la caracterización de los Houthis en el informe como autoridades de facto, puesto que legitima peligrosamente a la organización terrorista.
Antecedentes a la guerra civil yemení
El conflicto en Yemen perdura desde 2014, cuando la milicia Houthi emergió y tomó la capital de Sanaa. Los Houthis empujaron al gobierno yemení, liderado por el Presidente Hadi, a trasladarse al Sur, mientras que los Houthis permanecieron en control del norte. En 2016, una coalición de países liderada por los saudíes en apoyo al gobierno de Yemen y al Presidente Hadi, comenzó un bloqueo, imposibilitando el abastecimiento de comida, combustible y suministros médicos a través del puerto de Hudaydah y el aeropuerto de Sanaa.
El aeropuerto continúa siendo obstruido por el gobierno legítimo. Desde entonces, el país ha descendido en la mayor crisis humanitaria del mundo puesto que la inseguridad alimentaria amenaza con afectar a aproximadamente 400 000 niños en el próximo año. Las negociaciones de paz están en un punto muerto al no haber voluntad política de ninguna de las dos partes involucradas en poner fin al conflicto. Uno de los grandes impedimentos a la paz es la gran carga de transferencias de armas que posibilita la continuación de las hostilidades.
El Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la resolución 2216, imponía sanciones a los Houthis, incluyendo una prohibición de viajar, embargos de armas y la congelación de activos. En octubre de 2017, ACNUR estableció el Grupo de Eminencias Expertas para realizar seguimiento de violaciones de derechos humanos e informar al Consejo de Derechos Humanos. El gobierno yemení y la coalición saudí rechazaron la investigación, tachándola de ilegítima.
Las resoluciones del Consejo incluyeron reiteradamente condenas sobre las violaciones en curso, llamaron a las partes involucradas a respetar el derecho internacional, reanudar negociaciones y acordar un alto al fuego. Se instó a tomar un camino inclusivo para el mantenimiento de la paz y acabar con las detenciones arbitrarias, las transferencias de armas de Estados extranjeros y la hambruna de la población civil.
Informe del Grupo de Eminencias Expertas
Tres miembros del grupo estuvieron presentes: el Presidente Kamel Jendoubi, Melissa Parke y Ardi Imseis. La sesión fue presidida por Nazhat Shameem Khan.
El Presidente Kamel Jendoubi abrió la sesión reclamando que la voluntad de todas las partes involucradas bien podría poner fin al conflicto, si los Estados se comprometieran, pero lamentó la falta de voluntad de negociar por las partes interesadas. Enfatizó el hecho de que el contrabando de armas a Yemen perpetúa el conflicto y la crisis humanitaria.
El Grupo condujo 142 entrevistas a víctimas y testigos. Las condiciones de la pandemia Covid-19 llevaron al grupo a realizar estas entrevistas en remoto. Respaldaron su informe con imágenes por satélite. A pesar de las dificultades causadas por la pandemia y la falta de personal, el grupo solicitó que su mandato fuera renovado para un año más.
El Grupo estimó que el conflicto continúa haciendo estragos causando más pérdidas humanas que nunca antes. El bloqueo en curso ha creado una pronunciada limitación en las importaciones de comida, combustible y medicinas. La población está abandonada a la hambruna, y se espera que 400.000 niños enfrenten inseguridad alimentaria en el próximo año. La obstrucción del aeropuerto también previene la entrega eficaz de ayuda humanitaria. El grupo llamó al cese inmediato del bloqueo y a que la ONU organizara la entrega segura de ayuda humanitaria.
Los ataque aéreos y bombardeos son realizados por la coalición y la milicia Houthi a diario. Los ataques son indiscriminados y desproporcionados. Estos ataques pueden llegar a constituir crímenes de guerra en virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario puesto que tampoco respetan los principios de precaución. Aproximadamente 18.000 civiles fueron heridos por ataques aéreos tan solo este año e infraestructuras e instalaciones médicas también fueron dañadas y destruidas:
Un paramédico, tras visitar una localidad en Sana’a después de un ataque aéreo, declaró: “Una semana más tarde, me encontraba en la zona y, en el drenaje del hotel, encontramos más cuerpos. Los perros habían comenzado a comerse los cuerpos. Un mes más tarde, pude captar un olor en la zona y cuando me adentré en el edificio, encontré una pierna en el drenaje”.
Muchos casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias fueron documentadas por el grupo como una técnica para consolidar alianzas a través del miedo. Los periodistas y activistas de derechos humanos se encuentran especialmente en riesgo. Una vez detenidas, la víctimas se enfrentan a tortura, trato cruel e inhumano. Se ha documentado un nivel increíble de violencia sexual a manos de la milicia Houthi tal y como se detalla en el informe del grupo de expertos.
“Una defensora de derechos humanos […] fue mantenida en régimen de aislamiento durante cuatro meses en una celda subterránea sin luz y fue sacada de la celda cada dos días tan solo para ser violada. Dos oficiales Zainabiyat la llevaban a otra habitación, la desnudaban y llamarían a otro hombre, diciendo “está lista”. La víctima declaró: “He perdido a todo el mundo. Todos mis amigos me han rechazado tras mi liberación a razón de los rumores esparcidos por los Houthis de que había sido acusada de prostitución. También estoy teniendo problemas con mi familia … necesito que se haga justicia”
El grupo declaró que las mujeres, los migrantes, los niños y las minorías son especialmente vulnerables al desplazamiento, el tráfico y las detenciones arbitrarias. La minoría Baha’I está siendo activamente perseguida por los Houthis, con seis hombres siendo forzados al exilio por la milicia. Los houthis reclutan a los niños para luchar y se ha descubierto que Arabia Saudita también está entrenando a niños para el combate en Yemen.
El grupo concluyó acentuando la importancia de la rendición de cuentas, la justicia y la investigación de estos crímenes, así como el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación. Pidieron que el Consejo implementara un mecanismo de investigación similar al Sirio y preparar a Yemen para un enfoque basado en la rendición de cuentas, el diálogo y la justicia transicional. Reiteraron su insistencia de que el Consejo de Seguridad remitiera el caso a la CPI para que fuera adecuadamente enjuiciado.
Diálogo Interactivo con Estados miembro y organizaciones de la sociedad civil
El debate giró principalmente en torno a la legitimidad del mandato del grupo. Los ponentes se alinearon de la siguiente forma: los países occidentales apoyaron plenamente la renovación del mandato, defendiéndolo como el único mecanismo de investigación verdaderamente independiente. Los países árabes y China, por otro lado, acusaron a la investigación del grupo de expertos como ilegítimo y pidieron que su mandato no fuera renovado.
El representante del gobierno yemení abrió el diálogo. Afirmó que el grupo carecía de profesionalidad y había tomado un enfoque parcial, deshonesto y erróneo. Por lo tanto, rechazó los hallazgos no verificados del informe. Sin embargo, el representante informó que Yemen acoge la investigación de violaciones de derechos humanos y exigió que la labor fuera atribuida al Comité Nacional de Investigación. Reivindicó la capacidad del Comité Nacional para proporcionar informes en sintonía con los estándares internacionales e insistió en la importancia que tiene la rendición de cuentas para el gobierno de Yemen. Finalmente, exigió el apoyo de la comunidad internacional y la asistencia al Comité Nacional.
Arabia Saudita se unió al rechazo al mandato del grupo argumentando que las negociaciones de paz son un asunto nacional que no deben en ningún caso ser orquestradas a través de intervenciones internacionales. Según éstos, la comunidad internacional está condicionada tal y como se demuestra en el informe. Arabia Saudita cree que la descripción de los Houthis realizada por el grupo refuerza a la milicia.
El grupo árabe fue representado por Egipto y solicitó que el Consejo de Derechos Humanos proporcionara fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a Yemen en lugar de imponer una investigación. El grupo rechazó los hallazgos del grupo, junto a Bahrein, Arabia Saudita, Libia, Kuwait, Jordania y Sudán quienes exigieron apoyo internacional para el Comité Nacional de Investigación.
La Unión Europea sostuvo que el grupo de expertos era el único que había asumido responsabilidades. Junto a Francia, Irlanda y el Reino Unido, el representante de la UE llamó a la renovación del mandato. También llamaron al alto al fuego e instaron a las partes involucradas a cooperar en las negociaciones de paz. Acentuaron la gravedad de las persistentes violaciones de derechos humanos.
Aquellos que cuestionaron la legitimidad del mandato del grupo también argumentaron a favor de la no interferencia y la soberanía nacional. Bahrein exigió apoyo a las propias iniciativas del gobierno yemení por su conocimiento sobre el terreno. China argumentó de forma similar, mostrando su apoyo al gobierno en lugar de a la investigación internacional. Además, condenó el informe del grupo, tachándolo de “engañoso”.
Irán condenó el bloqueo Saudí y el continuo apoyo de Occidente al gobierno de Yemen. Argumentaron que el bloqueo estaba causando hambruna entre civiles y que los ataques aéreos violaban el derecho internacional. Denunciaron la complicidad de los países occidentales en su apoyo al gobierno legítimo.
La unidad territorial también fue motivo de debate al proponer la ONG Next Century Foundation un referéndum para establecer una autonomía en el sur de Yemen como parte de una federación yemení. Conscientes del peligro que un potencial gobierno Houthi supondría, muchos países hicieron un llamamiento a la unidad territorial de Yemen.
Las organizaciones de la sociedad civil enfatizaron la profundidad de la crisis humanitaria. El Centro contra Tortura y organizaciones iraquíes de desarrollo denunciaron el sufrimiento causado por el bloqueo que imposibilita la entrada segura de medicinas, lo que causará la muerte de 400.000 niños y niñas en el próximo año. El Cairo Institute for Human Rights proporciona estudios que confirman que la inseguridad alimentaria ha sido usada como un método de guerra por la coalición, lo cual solicita investigación inmediata.
Las organizaciones de la sociedad civil también se centraron en violaciones de derechos humanos: se presentaron casos en los que el pueblo Baha’I’ era denegado de su libertad por los Houthis y se exigió el retorno de los seis individuos en exilio.
El National Institute for Rights and Development junto al OIPMA denunciaron los crímenes de guerra cometidos en ambos bandos y llamó a que la CPI investigara estos sucesos. Las organizaciones feministas postularon la inclusión de las mujeres en el gobierno yemení y en los procesos de paz y denunciaron las ventas de armas que perpetúan el conflicto.
La mayoría de las ONGs expresaron su apoyo al mandato del grupo, mientras que otras criticaron la falta de inclusión de mujeres y niños así como que no se abordaran las responsabilidades de los Houthis. La impunidad acecha sobre Yemen y las ONGs enfatizaron la importancia de una investigación inmediata y de la rendición de cuentas.
El grupo de eminencias expertas concluyó que la falta de voluntad de las partes interesadas en poner fin al conflicto imposibilitaba una solución política. Enfatizaron la importancia de hacer justicia, tan pronto como fuera posible, a las personas afectadas e instaron a la comunidad internacional a actuar con determinación. Anunciaron cinco recomendaciones:
- Primero, instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir la situación a la CPI para asegurar su investigación, puesto que las autoridades nacionales se han mostrado indispuestas a investigar. Enfatizaron su creencia de que se están cometiendo crímenes de guerra.
- En segundo lugar, exigieron que el Consejo de Seguridad expandiera la lista de individuos sancionados de acuerdo con una lista que fue entregada.
- En tercer lugar, pidieron la creación de una investigación penal independiente para trabajar junto al grupo.
- En cuarto lugar, exigieron que terceros Estados investigaran los crímenes de guerra bajo su jurisdicción.
- La quinta recomendación fue la creación de un tribunal especial para enjuiciar a los individuos responsables a largo plazo.
Posición de Geneva International Center for Justice
El presente conflicto en Yemen está siendo alimentado por terceras partes interesadas que continúan transfiriendo armas a Arabia Saudita para que estas sean usadas en el conflicto en Yemen. Existen cada vez más pruebas que conectan a Irán con el suministro de armas a los Houthis en una guerra proxy contra Arabia Saudita. Yemen está siendo utilizada en la actualidad como un tablero de ajedrez entre estos dos países y es la población civil yemení la que está perdiendo la partida. Este elemento ha sido completamente ignorado por la investigación del Grupo, lo cual requiere atención inmediata, puesto que el suministro de armas a los Houthis viola el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad. Por tanto, una investigación dirigida a eximir responsabilidades criminales y de suministro por la guerra, es necesaria.
Francia, Estados Unidos y el Reino Unido son los principales suministradores de armas de la coalición saudí. Los inmensos ingresos que la venta de armas en la región le reporta a estos tres países les concede un claro incentivo monetario para seguir alimentando el conflicto. A GICJ le gustaría recordar a la comunidad internacional que la consecución de estos intereses económicos se salda con la impunidad de estas violaciones de derechos humanos. Estas ventas hacen de estos países cómplices de los crímenes de guerra cometidos por la coalición en Yemen. De este modo, los gobiernos deben poner fin a las transferencias de armas y honrar sus compromiso de proteger y hacer proteger los derechos humanos. Una investigación debería examinar y determinar la responsabilidad de estos países.
A GICJ también le gustaría señalar la terminología empleada en el informe. La denominación de la milicia Houthi como la autoridad de facto es una práctica dañina y peligrosa. El conceder a una organización terrorista el título de ‘autoridades’ les da credibilidad y poder normativo. De forma similar, las sugerencias de la sociedad civil de conceder independencia a la región norte bajo control Houthi resultaría en la práctica en la concesión de poder político a la milicia. En todo caso, las prácticas de violencia y abuso de los Houthis ponen de manifiesto por qué su candidatura al poder legítimo está errada. Los testimonios detallados contenidos en el informe deberían prohibir tales sugerencias.
Justice, Human rights, Geneva, geneva4justice, GICJ, Geneva International Centre For Justice
