Por Peyton Focht

Traducción por Lian Martínez 

Las protestas pacíficas son esenciales para la democracia y constituyen un aspecto importante de los derechos humanos. La mesa redonda sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas tuvo lugar en la 26ª sesión del 48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Todos los panelistas coincidieron en que las principales amenazas al derecho de reunión en el mundo actual son: las nuevas tecnologías, la falta de desarrollo de las capacidades, la COVID-19 y la falta de rendición de cuentas.

Las tecnologías están siendo cada vez más secuestradas por las fuerzas gubernamentales para crear "apagones", impidiendo que se establezca cualquier comunicación entre los manifestantes. Además, diversos informes reportan que los gobiernos utilizan la tecnología con el fin de vigilar y acosar a manifestantes, activistas y periodistas. GICJ considera que se trata de un grave abuso de poder y de la tecnología por parte del gobierno y que la comunidad internacional debe tomar medidas activas para garantizar que este patrón no continúe empeorando.

La segunda cuestión en la que coincidieron los panelistas fue la necesidad de dotar de capacidades para prevenir la violencia del gobierno hacia los manifestantes. El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, subrayó la importancia de compartir experiencias y la necesidad de que la comunidad internacional se una para compartir prácticas exitosas de lucha contra la violencia estatal. El uso de la fuerza por parte de los gobiernos es extremadamente preocupante y para abordar y solucionar este problema, deben asumirse responsabilidades a nivel nacional e internacional.

La pandemia de la COVID-19 ha dado erróneamente a los gobiernos una excusa para limitar las protestas pacíficas en nombre de la salud pública. Mientras que los límites a las multitudes se consideraron aceptables, la falta de cláusulas con fecha de caducidad se ha convertido en un problema. Yuval Shany -Cátedra Hersch Lauterpacht de Derecho Internacional Público- constató que la reunión es esencial, no un lujo, y que es imperativo que los gobiernos la vean como tal.
Luís Carrilho, asesor policial de la ONU, declaró que el objetivo de la policía de la ONU es servir y proteger con enfoques coherentes y armonizados en todo el mundo. Expuso la importancia de contar con agentes de policía debidamente formados que puedan, en caso necesario, entablar un diálogo, ofrecer mediación o llevar a cabo estrategias proactivas de desescalada si fuera necesario durante una protesta.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como Child Rights Connect, plantearon importantes cuestiones relacionadas con la infancia y el derecho a la protesta. Hicieron hincapié en que los niños y niñas puedan ejercer el derecho de reunión y que los gobiernos deben crear un entorno empoderador y seguro para que los niños y niñas puedan hacerlo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló, asimismo, que, en ocasiones, los niños y niñas son objeto de daños por parte de los gobiernos durante las protestas.

GICJ reitera que las protestas pacíficas son un pilar de la democracia y que el derecho de reunión debe ser protegido. Hemos registrado graves violaciones de este derecho en Irak y nos gustaría arrojar luz sobre esta cuestión. En Irak se celebran elecciones el 10 de octubre y, ante la grave falta de confianza en el gobierno, el pueblo ha protestado para acabar con la impunidad.  Hay constancia de que el gobierno tiene en el punto de mira a personas que se oponen a él políticamente y que son secuestradas y detenidas sin el debido proceso. La comunidad internacional debe exigir responsabilidades a Irak por los crímenes cometidos contra los manifestantes y debe poner fin a la violencia y los disturbios que se están causando.

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