Por Natalia Venegas / GICJ
Desde la década de 1990, El Salvador se ha convertido en un país muy violento, con un número de asesinatos muy elevado. Estos crímenes son consecuencia directa de la rivalidad entre las dos principales pandillas del país. Las pandillas "Mara Barrio 18" y "Mara Salvatrucha 13 (MS-13)", han mantenido una rivalidad que ha puesto en amenaza la seguridad nacional, lo que ha tenido un impacto significativo en el aumento de los asesinatos en El Salvador. Estas bandas están presentes en casi el 94% de los 300 municipios del país. Desde el principio, exigen a sus miembros lealtad incondicional a la "mara" y están entrenados para cometer asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones. El nombre "mara" viene de "marabunta", que significa el nombre de un grupo de hormigas migratorias que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Los grupos criminales centroamericanos han utilizado esta metáfora para denominarse a sí mismos.
Las "maras" se originaron en Estados Unidos en la década de 1980. Los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos desde Centroamérica decidieron unirse para protegerse de otras pandillas urbanas. La mayoría decidió unirse a una de las dos bandas más destacadas: "Barrio 18", de origen mexicano pero que acoge a salvadoreños. Y la “Mara Salvatrucha 13 (MS-13)” que sólo aceptaba miembros de El Salvador. Ya en 2022, ambas bandas se caracterizan por el uso de la violencia extrema. En California, su poder era tal que Estados Unidos tomó medidas como la extradición masiva de estos pandilleros a El Salvador a mediados de los años noventa. Se calcula que unos 4.000 fueron detenidos y deportados. Tras regresar a Centroamérica, las bandas comenzaron a tomarse la justicia por su propia mano [1].
En 2019, la figura del presidente Nayib Bukele cobró mayor protagonismo en El Salvador. Una de sus principales promesas fue acabar con la violencia de las pandillas. Durante sus primeros años de gobierno, la tasa de homicidios bajó de 105 a 20 por cada 100.000 habitantes. Varios miembros de la comunidad internacional y los medios de comunicación locales han cuestionado la razón de este considerable descenso. Por desgracia, el número de asesinatos aumentó en 2022. La respuesta del Presidente Bukele fue decretar el estado de emergencia y ordenar el encarcelamiento de miles de miembros de las bandas. El Presidente también amenazó a los miembros de las bandas manteniendo a sus compañeros en prisión. Y, ordenando la construcción de otra prisión exclusivamente para los miembros de estas estructuras criminales.
El presidente Bukele expresó lo siguiente: "Si desatan una ola de crímenes, les quitaremos la comida en las cárceles. Será mejor que se callen y se dejen arrestar. Al menos allí vivirán y tendrán comida". También declaró: "No me importa lo que digan las organizaciones internacionales, que vengan a protegerlos, que vengan a llevarse a los miembros de las pandillas, si los quieren, se los entregaremos" [2]. De hecho, según algunos informes, por orden del presidente, más de 20.000 pandilleros permanecen en sus celdas "sin poder ver un rayo de sol", y se les han confiscado sus colchonetas. Su ración de comida se ha cambiado a sólo dos al día tras un alarmante aumento de los homicidios. El país también informó que 50 líderes de pandillas han sido trasladados a la prisión de máxima seguridad conocida como Zacatraz y confirmó que los reclusos sólo reciben dos platos de comida al día. Dijo que por la mañana reciben pan con frijoles y un refresco, y al mediodía reciben dos tortillas de taco con frijoles y su refresco.
Tras las declaraciones y medidas adoptadas por el presidente Buleke, la portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, expresó su preocupación "por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de las bandas". También declaró que: "reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, debe hacerlo siguiendo el derecho internacional de los derechos humanos".
La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos encuentra preocupación por algunas modificaciones del derecho penal y procesal penal y por el estado de excepción. Desde el punto de vista del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la imposición de penas elevadas, incluidas las impuestas a los niños, suscita gran preocupación. En el marco de la reforma se suprimió el límite de dos años de prisión preventiva. Los adolescentes asociados a bandas que sean condenados por delitos graves podrán ser procesados como adultos e ingresados en una prisión de adultos en lugar de en un centro de detención de menores. Los adolescentes implicados en bandas pueden ahora cumplir sus condenas en centros de detención para adultos. La Sra. Throssell añadió que "los que tienen entre 12 y 16 años deben cumplir ahora una pena de 10 años de prisión en lugar de 7 años, y los que tienen entre 16 y 18 años deben cumplir una pena de 20 años". La otra preocupación que tiene es que en las cárceles de América Latina hay violencia entre los reclusos y las prisiones están superpobladas. En particular, preocupa que los menores estén recluidos en la misma prisión que los adultos [3]. La situación es muy preocupante porque están expuestos a la violencia sexual y a actividades delictivas. Estas medidas también van en contra de los artículos 37 y 40 de la "Convención sobre los Derechos del Niño".
Geneva International Centre for Justice (GICJ) encuentra preocupación por la violencia en Centroamérica y, concretamente, por el efecto que las pandillas o "maras" tienen en la vida cotidiana de los salvadoreños. La excesiva violencia en el país y en la región afecta a la seguridad y a los derechos humanos de la población. GICJ también considera que el gobierno de El Salvador debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las necesidades humanas básicas como la alimentación y la condena de los menores.
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[1] https://www.france24.com/es/programas/historia/20220406-historia-maras-nayib-bukele-el-salvador
[3] https://news.un.org/en/story/2022/04/1115562
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