48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
13 septiembre - 8 octubre 8 2021
Tema 3 - Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo
Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias
17 septiembre de 2021
Por: Amie Sillito/GICJ
Traducido al español por: Aimara Pujadas
Resumen ejecutivo
La 9ª Reunión del 48º Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se centró en el mandato renovado del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, haciendo hincapié en las personas desplazadas en el marco de la pandemia mundial. El informe destacó los obstáculos a los que se enfrentan los gobiernos en la lucha contra la esclavitud moderna y sugirió mecanismos para reforzar las políticas nacionales e internacionales relacionadas con el tema.
El Relator Especial reafirmó su compromiso de monitorear la cuestión de los desplazados y su vulnerabilidad a la explotación y la trata. Agradeció los aportes de las organizaciones no gubernamentales, de los Estados y de diversas organizaciones sobre la mejora de los mecanismos para abordar el tema de la trata y la explotación.
Las peores formas de trabajo infantil se evaluaron a la luz de 2021, que marca el año internacional para la eliminación del trabajo infantil. Se identificó el acceso inadecuado a la educación y los recursos como elementos que hacen que los niños desplazados sean vulnerables a la explotación y el abuso, que ha empeorado con la pandemia de COVID-19.
Los Estados han puesto en marcha prácticas eficaces para ayudar a los desplazados mediante el acceso al empleo, la educación, la atención sanitaria, la protección legal y el acceso a la justicia. A su vez, se protege a las personas desplazadas de convertirse en víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud. El informe destaca específicamente la integración de las personas desplazadas que tienen cualificaciones médicas en los centros médicos para ayudar a combatir la COVID-19. El relator especial destacó el papel vital que han desempeñado las agencias humanitarias, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores no estatales en la protección de las personas vulnerables frente a las formas contemporáneas de esclavitud. Sin embargo, hay que hacer más para mejorar los derechos y las oportunidades de las personas desplazadas.
Antecedentes
El informe del Relator Especial se presentó en conformidad con la resolución 42/10 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo decidió renovar el mandato del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.
El informe examina las principales causas y factores que hacen que las personas desplazadas sean vulnerables a la explotación y las formas contemporáneas de esclavitud. El relator especial destaca los problemas persistentes en la lucha contra la esclavitud y los mecanismos que los Estados, las empresas, la sociedad civil, los miembros del mundo académico y los agentes humanitarios pueden utilizar para combatir mejor la esclavitud. El informe también incluye las mejores prácticas que numerosos Estados han implementado en la lucha contra la esclavitud moderna y cómo éstas pueden ser mejoradas.
Informe del Relator Especial
Informe A/HRC/48/52 sobre el nexo entre el desplazamiento y las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.
El 2021 marca el septuagésimo aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el sexagésimo aniversario de la Convención para reducir los casos de apatridia y el vigésimo tercer aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. En este sentido, el Relator Especial evaluó la situación de las personas desplazadas, los refugiados, los apátridas y los desplazados internos, en relación con las formas contemporáneas de esclavitud.
La Asamblea General declaró el 2021 como el Año Internacional de la Eliminación del Trabajo Infantil. En consecuencia, el informe incluyó una sección sobre las peores formas de trabajo infantil que sufren los niños desplazados. Al investigar la cuestión del desplazamiento, el Relator Especial utilizó la información proporcionada por una amplia gama de partes interesadas, como los Estados miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, las entidades de las Naciones Unidas y los organismos regionales de derechos humanos. Con estos datos, el Relator Especial pudo llegar a las conclusiones presentadas a continuación.
Se identificó la discriminación estructural como una de las causas fundamentales de la esclavitud, facilitada por los Estados, los empleadores y la sociedad a través de las limitaciones impuestas al acceso al empleo formal y a la educación, aumentando el riesgo de indigencia. Se señaló que las mujeres desplazadas se ven desproporcionadamente afectadas por el subempleo o el desempleo, atribuibles a la desigualdad de género. En consecuencia, las mujeres desplazadas se ven obligadas a practicar el sexo transaccional y otras prácticas de explotación para sobrevivir.
Las mujeres desplazadas suelen verse limitadas a realizar trabajos domésticos y acaban siendo sometidas a la servidumbre doméstica, sufriendo simultáneamente abusos sexuales a manos de sus empleadores. Las mujeres desplazadas también están expuestas a matrimonios forzados y, en los últimos años, la amenaza de secuestro con el fin de contraer matrimonios forzados, ha sido una causa subyacente del desplazamiento de mujeres y niñas en todo el mundo. Recientemente han surgido informes inquietantes de mujeres en Nigeria obligadas a trabajar en fábricas de bebés como esclavas sexuales para tener hijos sin asistencia médica.
Se descubrió que el trabajo infantil es una de las formas más frecuentes y persistentes de violencia y explotación a las que se enfrentan los niños desplazados. Se observó que la pandemia del COVID-19 ha empeorado la situación de las familias que viven en la pobreza, obligando a muchas de ellas a depender de sus hijos para asegurarse el sustento mediante prácticas perjudiciales. Los niños apátridas o desplazados que no tienen acceso al registro de nacimiento y no tienen documentos de identidad hacen que la confirmación oficial de la edad sea más difícil o imposible. En consecuencia, el trabajo infantil, el matrimonio infantil y otras prácticas similares son más difíciles de identificar y prevenir. En países como Mali, Mozambique y Somalia se identificó el reclutamiento forzoso de niños desplazados en grupos criminales, incluyendo grupos terroristas. La limitada protección en los asentamientos y campamentos de refugiados, unida a la pobreza, la inseguridad y la falta de acceso a la educación y la formación, hace que los niños desplazados en estos entornos sean especialmente vulnerables al reclutamiento forzoso.
El informe toma nota de las buenas prácticas aplicadas por varios Estados, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales para evitar que los desplazados sean sometidos a formas contemporáneas de esclavitud. Numerosos Estados han facilitado el acceso al trabajo legal y formal a los desplazados. El Programa de Reubicación Temporal de Malasia se ha identificado como un programa que proporciona a los refugiados sirios acceso al empleo. Al mismo tiempo, Filipinas ha proporcionado a los apátridas pleno acceso al empleo sin necesidad de permisos de trabajo. El Relator Especial también señaló que las oportunidades de empleo se ampliaron a las personas desplazadas en el contexto de la pandemia del COVID-19. En América Latina y Europa, se ha permitido a los refugiados con cualificaciones médicas unirse al personal médico de los Estados de acogida para luchar contra la pandemia.
También se han aplicado leyes y reglamentos de protección laboral y social a las personas en varios Estados, para proteger los derechos de los desplazados en el lugar de trabajo. Alemania ha introducido, en particular, planes de aprendizaje para los solicitantes de asilo, incluidas las personas con solicitudes de asilo rechazadas que no pueden regresar a su país de origen. Canadá, Malta y Sri Lanka crearon además mecanismos para apoyar el acceso a la justicia a través de líneas telefónicas de ayuda e inspecciones de trabajo, así como defensores del pueblo que han desempeñado un papel imperativo en la identificación, investigación y tratamiento de las formas de explotación y esclavitud de las personas desplazadas.
El relator especial concluyó que es necesario hacer más para mejorar la seguridad y las oportunidades en los campamentos y asentamientos para prevenir la esclavitud. En estos entornos, la libertad de movimiento de los desplazados suele estar restringida, lo que les dificulta encontrar empleo y les hace depender de las organizaciones humanitarias para sobrevivir. En cuanto al acceso a la justicia, las barreras estructurales a las que se enfrentan los desplazados son similares a las que tienen para acceder a la justicia por otras violaciones de los derechos humanos. Los conflictos armados, la violencia y la debilidad de las instituciones y de las infraestructuras suelen provocar la ruptura del Estado de derecho y del acceso a la justicia y a los recursos. Factores interrelacionados como la impunidad, las barreras lingüísticas, la situación migratoria irregular y la falta de conocimiento de sus derechos dificultan aún más el acceso a la justicia y a los recursos.
Diálogo interactivo con el Relator Especial
Ginebra, 17 de septiembre de 2021.- En la novena sesión del 48º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial mantuvo un diálogo interactivo con las partes interesadas, en relación con la cuestión de la esclavitud en el marco del punto 3 del orden del día.
El Relator Especial, Sr. Tomoya Obokata, inició el diálogo interactivo presentando su informe sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. El Sr. Obokata hizo hincapié en el nexo entre los desplazamientos y las formas contemporáneas de esclavitud, con 82.400 millones de personas forzosamente a finales de 2020, que aumentan cada vez más con los desplazamientos masivos que han tenido lugar recientemente en Afganistán.
El Relator Especial destacó que la mayoría de los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos son niños menores de dieciocho años, y que uno de cada tres desplazados se considera apátrida. Expresó que el informe intenta arrojar luz sobre los numerosos factores que hacen vulnerables a los desplazados. Entre ellos se encuentran la pobreza, la discriminación por múltiples motivos, el estatus migratorio, la informalidad del empleo, el entorno de los campamentos y la exposición a grupos criminales, así como a traficantes y contrabandistas de personas. El Sr. Obokata reveló que estos factores se ven exacerbados por situaciones de emergencia como los conflictos armados, las catástrofes y los efectos de las crisis sanitarias como el COVID-19.
A continuación, la Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nazhat Shameem Khan, dio la palabra a las delegaciones interesadas para que hicieran comentarios sobre el informe del Relator Especial.
La Unión Europea, junto con Australia, Sudáfrica, el Reino Unido y varios otros Estados, hicieron declaraciones en vídeo en las que reiteraron su compromiso de apoyar al Relator Especial y su mandato. La UE expresó su preocupación por la dimensión de género en la esclavitud, ya que más del setenta por ciento de las víctimas son niñas y mujeres. La delegación continuó afirmando que acoge con satisfacción la atención que el informe presta al papel de las empresas en la erradicación del trabajo forzado y del trabajo infantil. La UE declaró que, en respuesta a esta cuestión, ha publicado recientemente unas directrices para ayudar a las empresas a combatir esta forma de esclavitud.
En conclusión, se planteó una pregunta a la relatora especial sobre cómo los Estados pueden combatir mejor este atroz crimen, así como abordar la dimensión de género de la esclavitud.
China prosiguió con su declaración en vídeo en nombre de un grupo de países, en la que destacó que casi 100.000 personas son víctimas de la trata en Estados Unidos cada año, y que entre 240.000 y 225.000 mujeres y niños son víctimas de la esclavitud sexual. China siguió reprendiendo al gobierno estadounidense por su connivencia, indiferencia e inacción, que calificó como la causa fundamental de la trata de personas y el trabajo forzoso que proliferan en el país. El delegado chino insistió en que Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas para ratificar los principales tratados de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Estados Unidos devolvió la crítica de China, destacando su preocupación por las extensas prácticas de trabajos forzados contra los musulmanes uigures y los miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la República Popular China. Estados Unidos reafirmó su compromiso de trabajar con la comunidad internacional, el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la esclavitud. EE.UU. instó a la comunidad internacional a esforzarse más por promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas susceptibles de sufrir esclavitud y a exigir responsabilidades a todos los autores que violen o abusen de sus derechos humanos. En sus observaciones finales, Estados Unidos preguntó al Relator Especial cómo pueden trabajar conjuntamente el gobierno, la sociedad civil y las empresas para proteger a las poblaciones vulnerables contra la esclavitud.
Liechtenstein y Namibia compartieron con el Relator Especial su preocupación por la vulnerabilidad de los desplazados a la explotación y a las formas contemporáneas de esclavitud. Ambos Estados transmitieron sus enfoques para abordar la cuestión de la esclavitud. Liechtenstein concedió a los refugiados y solicitantes de asilo pleno acceso al mercado laboral del país. También se ha centrado en la integración de los niños en su sistema educativo y en ofrecer más asistencia a los desplazados a través de la vivienda y la atención sanitaria, con el objetivo de empoderar a estas personas y reforzar su posición en la sociedad. Liechtenstein también puso en marcha la Iniciativa de Finanzas contra la Esclavitud y la Trata de Personas, que dota al sector financiero de herramientas como programas contra el blanqueo de dinero para luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas.
Namibia compartió cómo ha prohibido la esclavitud, el trabajo forzado y la explotación económica de los niños en virtud de los artículos 9 y 15 de la Constitución de Namibia. Namibia ha demostrado su compromiso con la prevención del trabajo forzoso en línea con las obligaciones internacionales a través de medidas legislativas como la Ley de Cuidado y Protección del Niño de 2015, la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2018 y la Ley Laboral de 2007. El gobierno también implementó programas sociales para mitigar el trabajo infantil incluyendo, el Programa de Alimentación Escolar, becas sociales para huérfanos, Servicio Nacional de la Juventud para jóvenes desempleados. También ofrece refugios para mujeres y niños víctimas de la trata, la agresión sexual, la violencia doméstica y las peores formas de trabajo.
UNICEF imploró a los Estados miembros que garanticen la protección de los niños desplazados y les proporcionen el mismo acceso a la educación gratuita y a la protección social, independientemente de su situación migratoria. UNICEF subrayó la importancia de que los Estados proporcionen a las familias acceso a una migración segura, establezcan sistemas de protección sólidos que incluyan mecanismos de identificación y servicios de apoyo y garanticen el registro universal de nacimientos, incluidos los niños nacidos en el contexto del desplazamiento. UNICEF concluyó reiterando su compromiso de apoyar a los Estados en sus esfuerzos.
Indonesia expresó su preocupación por el hecho de que el informe del Relator Especial no examinara suficientemente la carga y el reparto de responsabilidades que recaen sobre los países de tránsito y de destino. Como país de tránsito, Indonesia hizo hincapié en los diversos puntos que requieren un mayor examen en relación con esta cuestión. En primer lugar, ampliar el acceso a soluciones de terceros países para el reasentamiento, en segundo lugar, fomentar la repatriación voluntaria y, por último, apoyar a los países con una capacidad inadecuada para hacer frente al impacto de los refugiados. Se preguntó al relator especial cómo aumentar la coherencia de las agencias de la ONU presentes en los países de tránsito, para frenar la exposición de los desplazados a la explotación y a las formas contemporáneas de esclavitud.
Ecuador demostró su misión humanitaria al ser el país latinoamericano que más refugiados acoge, reafirmando su preocupación por los desplazados y refugiados víctimas de la esclavitud. El Estado ha proporcionado ayuda adicional a los desplazados con asistencia sanitaria y educación gratuitas, así como acceso a empleos y trabajos seguros. Ecuador también ha adoptado un nuevo plan contra la trata de personas, que incluye una intervención integral en la prevención de la trata y la promoción de los derechos humanos basada en los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
La Federación Rusa subrayó que no estaba de acuerdo con todas las recomendaciones formuladas en el informe, ya que algunas parecían excesivamente intrusivas. La delegación afirmó que los derechos de las personas desplazadas deben ser respetados, pero esto no anula la obligación de cumplir la ley y las normas del país que acoge a dichas personas.
Después de que todas las delegaciones, sindicatos y organizaciones intergubernamentales hicieran sus declaraciones, el Sr. Obokata pronunció sus observaciones finales y respondió a las preguntas planteadas por los Estados miembros. Hizo hincapié en que la integración de la perspectiva de género, en relación con las estrategias y medidas contra la esclavitud, debe aplicarse universalmente a nivel regional, nacional e internacional. Subrayó la importancia de que los Estados trabajen juntos para mejorar las políticas de lucha contra la esclavitud para aplicarlas en situaciones de emergencia, así como para proporcionar un acceso igualitario al empleo formal, que es un factor clave para reducir y prevenir la explotación y la esclavitud.
Posición de Geneva International Centre for Justice
Geneva International Centre for Justice apoya el mandato del Relator Especial y los avances realizados por diversos Estados y ONGs en la lucha contra las formas contemporáneas de esclavitud.
GICJ alienta a los Estados a trabajar juntos para compartir buenas prácticas y estrategias en aras de mejorar y fortalecer los esfuerzos para combatir la esclavitud en la era moderna. Además, elogiamos la recomendación de la Relatora Especial de que se canalicen recursos hacia las políticas de lucha contra la esclavitud, específicamente en tiempos de emergencia. Es fundamental que los Estados reorienten sus esfuerzos, centrándose en las medidas preventivas para reducir la carga que recae sobre los respectivos Estados cuando se enfrentan a las rutas de esclavitud y trata establecidas.
GICJ también está gravemente preocupada por la vulnerabilidad de las personas desplazadas en situación migratoria irregular o incierta. Estados como Australia han aplicado políticas perjudiciales para disuadir a los solicitantes de asilo itinerantes, sometiéndolos a una detención indefinida una vez que llegan a las costas australianas. Estas políticas provocan un aumento de las llegadas por avión y de los visados puente que hacen que los desplazados sean vulnerables a los trabajos forzados y a la explotación. Imploramos a los Estados miembros que mejoren las leyes y normativas nacionales restrictivas que obstaculizan los derechos y las oportunidades de los desplazados.
Se hace un llamamiento a las empresas del sector privado para que apliquen los Principios Rectores de la ONU y las políticas contra la esclavitud para que actúen como aliadas de la ONU y defiendan los derechos humanos para todos. Se anima a las ONGs, a las OIGs, a las organizaciones culturales y religiosas, al sector privado y al público, así como al mundo académico, a que aumenten la concientización mundial sobre la esclavitud moderna y a que exijan a los gobiernos que cumplan sus compromisos con la ONU y con el movimiento contra la esclavitud.
Las organizaciones mundiales y los gobiernos deben mantenerse al día con los avances políticos para anticiparse a los métodos cambiantes utilizados por los traficantes. La ratificación de la Convención sobre los Refugiados y la Convención sobre los Apátridas es indispensable para defender los derechos humanos universales y todos los Estados deben ratificar dichas convenciones. La esclavitud moderna debe convertirse en una prioridad urgente para todos los gobiernos del mundo y GICJ reitera el papel crucial que desempeñan en la prevención, investigación y responsabilización de quienes abusan de los derechos humanos básicos.
