Por: Nora Futtner y Natalia Brusco
Traducción: Alejandro Fernández
Geneva International Centre for Justice (GICJ) presenta el informe "El discurso de odio está en aumento" para explicar la expansión del discurso de odio en los países occidentales que ha llevado al crecimiento, a la discriminación y a los delitos de odio en contra de las minorías. La libertad de expresión y opinión son derechos que todos los seres humanos merecen, sin embargo, de manera frecuente se abusa de la libertad de opinión, lo que da lugar al discurso de odio y hace que las comunidades ya vulnerables, se vuelvan más estereotipadas y discriminadas.
GICJ explica cómo con la aparición de nuevas tecnologías, el acceso a Internet, las discusiones sobre cómo lidiar con el discurso y el contenido de odio en línea y demás, requiere una atención urgente y necesaria. Los comentarios racistas de los políticos envalentonan a las personas con opiniones discriminatorias a expresarse y es el Estado que se ve en la necesidad de inculcar más medidas para garantizar que se controle el discurso de odio en donde no exista tolerancia con los delitos relacionados. GICJ cree que todas las personas, independientemente de su raza o etnia, merecen ser tratadas con dignidad y respeto y se ofrecen varias recomendaciones para impedir la proliferación del discurso de odio, de tal modo que genere normas que puedan conducir a la discriminación y la violencia.
El discurso de odio es peligroso debido al potencial que tiene para legitimar la intolerancia, lo que puede provocar consecuencias graves y violentas. Cuando se permite que prolifere el discurso del odio, se contribuye a la creación de normas: el odio y la intolerancia se vuelven aceptables en la sociedad. Cuando un líder, especialmente uno de confianza, se involucra con el discurso de odio, el proceso de creación de normas negativas se profundiza. En tal clima social, acciones que antes parecían extremas, se vuelven imaginables o incluso plausibles. En casos extremos, la incitación al odio puede desencadenar el crimen más grave de genocidio, como vimos que sucedió en Alemania, Myanmar, Bosnia, Camboya, entre otros.
La prohibición de la discriminación es un principio consolidado en el marco del derecho internacional. La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CEDR) que entró en vigor el 4 de enero de 1969, prohíbe “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, ascendencia o nacionalidad u origen étnico”, que tiene como objetivo restringir los derechos humanos fundamentales. La Declaración de 1981 sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, establece en su artículo 2 que “nadie será objeto de discriminación por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o persona por motivos de religión o creencias."
Los signatarios de estos acuerdos, que incluyen a todos los países democráticos occidentales que se mencionarán en este informe, están obligados a tomar medidas a nivel interno para alinearse con los requisitos de las convenciones. Para los efectos de este informe, nos centraremos en el concepto de discurso discriminatorio y de odio que ha sido poco reconocido como una forma de discriminación y tiene el potencial de precipitar graves consecuencias sociales.
En este caso, el término 'democracias occidentales' se utiliza en referencia a países de Europa, así como a los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, países que tradicionalmente son conocidos por tener altos niveles de riqueza, garantías de derechos civiles, libertades, tolerancia e incluso acogida de la diversidad y las libertades políticas. La "democracia liberal" también se utiliza a menudo para describir la misma idea. En el discurso convencional, se considera que las democracias occidentales tienen los más altos estándares de derechos humanos y, por lo tanto, se caracterizan como un modelo que todas las demás deben esforzarse por alcanzar.
Sin embargo, muchos países han sido testigos de un aumento alarmante del discurso de odio y la discriminación en los últimos años. Los políticos de las democracias occidentales han ignorado flagrantemente las pautas descritas en la CEDR hacen más de 50 años y se han involucrado en el discurso de odio en plataformas públicas. En lugar de utilizar la libertad de expresión para generar unidad en la sociedad, los líderes de los grupos nacionalistas de derecha han adoptado el concepto para imponer un discurso discriminatorio contra sus conciudadanos. Los partidos nacionalistas de extrema derecha como el Partido Popular Danés, el Partido Popular Suizo, Fidesz (Hungría), el Partido de la Libertad (Austria) y Patriotas Unidos (Bulgaria), se han vuelto cada vez más xenófobos y racistas en retórica y acción, al mismo tiempo que se vuelven cada vez más populares. En particular, los partidos de extrema derecha se han dirigido a los refugiados, migrantes y musulmanes en particular con el objetivo de crear una narrativa de que las minorías no pertenecen al país.
En el mundo digital, el potencial del discurso de odio para incitar a la violencia aumenta debido a la rapidez con la que se puede propagar y la falta de responsabilidad derivada de la publicación anónima. Publicar discursos de odio en las redes sociales permite la transmutación de pensamientos violentos en acciones violentas, especialmente cuando esos pensamientos provienen de líderes confiables. Con solo presionar un botón, los políticos pueden comunicarse con cualquier persona en el mundo. Esta nueva complicación en la gestión del discurso del odio será un punto focal importante en los ejemplos incluidos en este informe.
En los Estados Unidos de América, el 6 de enero de 2021, personas de todo el mundo fueron testigos de las consecuencias extremas de permitir que el discurso de odio floreciera y se extendiera en las redes sociales. Rebeldes pro-Trump, que se habían organizado durante semanas en Facebook y otras plataformas de redes sociales, como el no regulado "Parler", irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos, lo que resultó en muertos y heridos. Mientras tanto, en Francia, el 16 de octubre de 2020, un maestro de escuela secundaria, Samuel Paty, fue decapitado en un acto de terror que conmocionó a la nación. El Sr. Paty había mostrado a sus alumnos las caricaturas de 2012 de Charlie Hebdo que representaban al profeta islámico Mahoma durante una clase sobre "Libertad de expresión". Esto desencadenó una campaña en las redes sociales y quejas de que debería ser despedido como maestro por mostrar contenido irrespetuoso contra los musulmanes, lo que finalmente llevó a su asesinato unos días después.
En Alemania, en 2019, un político a favor de los refugiados, Walter Lübcke, fue asesinado por un extremista de ultraderecha llamado Stephan Ernst. Después de la muerte de Lübcke, los neonazis difundieron el apoyo de su asesinato en línea, solidificando la aterradora realidad de la situación: la gente está dispuesta a cometer y apoyar crímenes de odio basados en su ideología sobre rechazo de los refugiados y celebrar los ataques como "victorias" en línea. Esto muestra cómo el discurso de odio en línea puede tener repercusiones drásticas, lo que hace que sea más difícil argumentar contra las leyes de censura sabiendo que podrían ayudar a salvar vidas y prevenir delitos. Al mismo tiempo, en Hungría, el primer ministro Viktor Orban y su partido Fidesz se involucran con regularidad y libertad en el discurso del odio, aprovechando la información errónea del público para construir un orden político basado en el chivo expiatorio de las minorías.
Además, desde que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea, se ha aumentado el discurso de odio y, por lo tanto, de la discriminación. La policía en el Reino Unido ha encontrado un patrón recurrente por el cual, cuando el abuso verbal aumenta; comienza el abuso físico. En el 2019, el equipo estableció el crecimiento del discurso de odio en Twitter se corresponde directamente con los delitos contra las minorías en las ciudades.
El partido de extrema derecha de Dinamarca, conocido como Stram Kurs (Hard Line), es famoso por su plataforma anti-islam. En Italia, políticos de extrema derecha han hecho declaraciones en innumerables ocasiones demonizando a los refugiados y burlándose de las personas de color. En Nueva Zelanda, actualmente hay cuatro partidos relevantes de extrema derecha, todos los cuales están publicando activamente mensajes que contienen discursos de odio en las redes sociales. Esto no está bien y debe terminar.
Geneva International Centre for Justice (GICJ) cree que la libertad de opinión y expresión es un derecho humano fundamental y debe ser protegido. La libertad de expresión es ampliamente reconocida como una base importante para todas las sociedades abiertas y saludables y no debe infringirse. En los países que protegen la libertad de expresión, los movimientos populares que aumentan la capacidad de todos los ciudadanos para acceder a sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos han podido difundir su mensaje y generar cambios. Hemos visto que esto ocurre en ejemplos recientes, como las protestas Black Lives Matter en los Estados Unidos y el Movimiento de protesta maorí en Nueva Zelanda.
Sin embargo, hay quienes creen que el ideal de la libertad de expresión puede utilizarse como justificación del discurso de odio. La libertad de expresión no incluye el derecho a hacer declaraciones en cualquier momento, en cualquier lugar y, de cualquier manera. La libertad de expresión tampoco incluye el derecho a que los sentimientos de una persona se amplifiquen artificialmente en las plataformas de redes sociales. Este informe ha proporcionado una descripción general de algunas de las consecuencias recientes que han resultado de la propagación sin obstáculos del discurso de odio. Al trabajar en cooperación y solidaridad entre religiones y Estados, la implementación de estos planes de acción es vital para el éxito de la lucha contra el discurso de odio.
GICJ desea reconocer las iniciativas relacionadas con la prevención del discurso de odio que conduce a la incitación a la violencia. En consonancia con la estrategia y el plan de acción sobre la incitación al odio, la Oficina para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger ("la oficina") ya ha puesto en marcha dos proyectos. El primero se centra en la prevención de la incitación a la violencia que podría desembocar en crímenes atroces. Con este fin, la oficina publicó pautas sobre cómo los estados pueden abordar el discurso de odio. Incluyen consejos sobre cómo reestructurar el sistema educativo para reflejar la diversidad étnica y cultural del Estado, con el objetivo de incrementar la solidaridad y ayudar a contrarrestar el odio. De manera similar, hacer cumplir las leyes y brindar justicia y rendición de cuentas en torno a los actos de incitación a la violencia puede ayudar con la prevención. El documento incluye opciones de política no solo para los Estados, sino también para la sociedad civil, los medios de comunicación, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, subregionales y otras organizaciones intergubernamentales.
El segundo proyecto se relaciona con el importante papel de los líderes religiosos en la lucha contra la incitación a la violencia. Los líderes religiosos tienen el poder de prevenir el discurso de odio y la incitación debido a su posición especial de influencia y respeto. La Oficina trabaja con líderes religiosos a través del "Proceso de Fez", que incluye seis consultas con líderes religiosos y estrategias y planes de acción específicos para cada contexto regional después de cada reunión. GICJ cree que, al trabajar en cooperación y solidaridad entre religiones y Estados, la implementación de estos planes de acción es vital para el éxito de la lucha contra el discurso de odio.
La comunidad internacional debe endurecer las líneas entre la libertad de expresión y la incitación al odio para evitar fallas en la comunicación entre políticos y ciudadanos. Los Estados no pueden dejar que el racismo y la discriminación ganen y los políticos deben ser denunciados cuando incitan a la violencia a partir de los discursos de odio. El discurso de odio no se puede normalizar porque se utiliza con demasiada frecuencia como una herramienta para difundir mensajes en contra de las minorías, lo que a su vez conduce a crímenes basados en el odio mismo.
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