06.07.2020

By Nicole Gonzalez

GICJ SOBRE EL ÚLTIMO INFORME DEL ACNUR SOBRE LAS FILIPINAS:

EN LAS FILIPINAS SE NECESITAN CAMBIOS LEGISLATIVOS INTEGRALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA PONER FIN A LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

 El Centro Internacional de Ginebra para la Justicia Internacional (CIGJ) condena la continua violación de los derechos humanos en las Filipinas, que se acarrean bajo la premisa de contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional y el uso de drogas ilegales. Debe ponerse fin a la matanza sistemática y generalizada de presuntos sospechosos de delitos relacionados con las drogas, así como de defensores de los derechos humanos. También deben introducirse cambios amplios en la legislación vigente para abordar la raíz del problema.

 Como se expone en el informe del UNHCR, publicado el 4 de junio de 2020, más de 8.663 personas han sido asesinadas, así como cientos de defensores de los derechos humanos, profesionales del derecho, periodistas y personas similares, ninguno de los cuales ha recibido justicia, ya que la impunidad se ha convertido en la norma en respuesta a estas violaciones. Además, la continua falsificación de información en los informes posteriores a la operación por parte de las autoridades policiales, la falta de las debidas garantías procesales, así como su capacidad para entrar a los domicilios privados de los presuntos sospechosos sin una orden judicial, son graves violaciones de los derechos básicos de las personas. Consecuentemente, muchos en el país viven con una sensación de temor, impotencia y un vivo deseo de justicia frente a los tratos inhumanos.

El hecho de que las fuerzas policiales agredan verbal y físicamente a los defensores de los derechos humanos, lo cual, según el informe, ha sido un problema constante durante casi 20 años, es una clara señal de que los actuales mecanismos establecidos para garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos humanos no están funcionando. Al momento se utilizan varia prácticas insensatas, como la "marca roja", que consiste en marcar a personas y/o grupos como una amenaza (es decir, una amenaza terrorista), sin tener que dar explicación alguna, lo que ha hecho que muchas personas teman hablar en contra de las injusticias.  Como se señala acertadamente en el informe, estas prácticas se están "institucionalizando y normalizando cada vez más", lo que habla de la raíz del problema; en la actualidad, existen leyes contrainsurgentes y legislación antidroga que han dado lugar a una mayor militarización del estado y a la normalización de las infracciones de los derechos humanos. Esto, sumado a la falta de transparencia y a la falta de rendición de cuentas, ha llevado a la exacerbación de las violaciones de los derechos humanos hasta el punto que vemos hoy en día.

Por lo tanto, el GICJ acoge con beneplácito las recomendaciones del UNHCRpara que el Gobierno de Filipinas introduzca cambios amplios en su actual legislatura a fin de eliminar la posibilidad actual de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos. Además, el GICJ destaca la necesidad, mencionada por el UNHCR, de crear un órgano independiente capaz de llevar a cabo "investigaciones imparciales, exhaustivas y transparentes de todos los asesinatos y de las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario" a fin de llevar finalmente a los autores de estos crímenes ante la justicia y, lo que es más, de traer justicia a las miles de víctimas a las que se les ha negado dicha justicia una y otra vez.

 El GICJ reconoce el alto nivel de cooperación del Gobierno de Filipinas en lo que respecta al suministro de información para la preparación del informe. Ese es un claro paso en la dirección correcta. Ahora, el GICJ incita al Gobierno a tomar en serio las recomendaciones enumeradas en el informe y de tomar todas las medidas necesarias para aplicar dichos cambios a fin de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y su necesidad de rendición de cuentas.