El 48º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos
(13 de septiembre - 8 de octubre)
TEMA 3 – Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo
Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no repetición
16 de septiembre
Por: Marc Gancedo/GICJ
Resumen ejecutivo
La Justicia Transicional es el proceso por el cual se toman medidas judiciales y medidas no judiciales complementarias para asegurar una transición pacífica que dé pie a la reconciliación tras un periodo de conflicto social.
El informe del Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y Garantías de no repetición se centró en la cuestión de la rendición de cuentas. El informe acentúa la necesidad de tomar un enfoque exhaustivo y holístico al abordar la justicia transicional que no se limité a un proceso penal. Además, se insiste en que los estados son responsables de llevar a cabo las investigaciones pertinentes en casos de violaciones de derechos humanos. Los estados no deben, en ningún lugar, utilizar el marco legal nacional para evadir responsabilidades. Las víctimas deben tomar un papel central y todas las medidas deben estar orientadas en primera instancia al bienestar de estas. El informe también arroja luz sobre la necesidad de que haya mayor cooperación entre los mecanismos judiciales nacionales e internacionales para mejorar la coordinación y asegurar que ninguno de los dos entorpezca la labor del otro.
El 16 de septiembre de 2021, el Relator Especial, el sr. Fabián Salvioli, tomó la palabra y presentó su informe a la partes interesadas abriendo así un diálogo interactivo bajo el tema 3 de la agenda. En sus declaraciones iniciales, reiteró algunos de los argumentos realizados en su informe. Resaltó la necesidad de tomar medidas no-judiciales complementarias de forma paralela al enjuiciamiento penal, e insistió que el deseo de paz no debería ser contraproducente a la búsqueda de justicia y que las víctimas no debieran elegir entre una y otra. La actitud general de las delegaciones participantes fue una de compromiso con la justicia transicional otorgando especial atención a los mecanismos de justicia transicional y el fortalecimiento de sus capacidades. Algunos de los temas recurrentes fueron el de la centralidad de las víctimas durante el proceso así como la necesidad de adoptar un enfoque holístico que tenga en consideración todos los aspectos y sea inclusivo a todas las partes involucradas. Sin restar importancia al apoyo general recibido, algunas delegaciones se mostraron contrarias al llamamiento del Relator Especial sobre la necesidad de que los mecanismos nacionales se ajustaran a los estándares internacionales.
GICJ recibe de buen agrado la insistencia de Salvioli de incluir a la memoria como el quinto pilar de la Justicia Transicional, un elemento que, históricamente, ha sido pasado por alto históricamente en procesos de todo el mundo. Resaltamos la urgencia de adoptar un enfoque centrado en torno a las víctimas que asegure la reconciliación.
Antecedentes
La Justicia Transicional consiste en el recurso a mecanismos tanto judiciales como no judiciales que incluyen las iniciativas de la fiscalía, reparaciones, la búsqueda de la verdad y la reforma institucional entre otras medidas dirigidas a una justicia restauradora que busca establecer una paz duradera y sostenible tras un periodo de conflicto. La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos se sitúa como entidad líder dentro del sistema de Naciones Unidas en el campo de justicia transicional asistiendo en el desarrollo de herramientas del Estado de Derecho, así como prestando ayuda en el diseño y la implementación de mecanismos de justicia transicional. En septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 18/7 (renovado en 2020 con la resolución 45/10) para nombrar, por tres años, un Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no-repetición. El Relator Especial trata con situaciones de transición de conflicto o gobierno autoritario en el que se han producido graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Informe del Relator Especial
El último informe realizado por el Relator Especial Fabián Salvioli constituye un informe temático bajo el título de “Accountability: Persiguiendo y castigando violaciones graves de derechos humanos y violaciones serias del derecho humanitario internacional el contexto de procesos de justicia transicional”. En este informe, Fabián Salvioli lista exhaustivamente las actividades realizadas entre julio de 2020 y junio de 2021 y examina la obligación de los estados a juzgar y castigar a aquellos responsables por graves violaciones de derechos humanos cuando estos se encuentran en un proceso de justicia transicional.
El informe comienza señalando las dificultades con las que el Relator Especial se ha topado a la hora de cumplir con sus responsabilidades debido a la actual situación sanitaria en el mundo que lo ha obligado a posponer sus visitas oficiales a Bosnia y Herzegovina, Croacia, La República de Corea y Serbia, y en su lugar centrarse en hacer un balance sobre la implementación de las recomendaciones realizadas por su predecesor en relación a Burundi, España, Sri Lanka, Túnez, el Reino Unido y Uruguay.
Más adelante, se subraya el legado de impunidad que ha dejado el periodo comprendido de los Juicios de Núremberg hasta nuestros días, en el que entre 85 y 170 millones de personas han muerto como resultado del conflicto armado. La impunidad es normalmente resultado de realidades políticas y de un conflicto social latente que empujan a que se ponga fin al conflicto armado y se asegure una transición rápida hacia a la democracia sin dar ninguna garantía de que se tomarán responsabilidades durante este proceso.
A continuación, el informe enfatiza que la justicia penal por sí sola resulta insuficiente para satisfacer las reclamaciones de justicia de las víctimas de abusos masivos o sistemáticos de derechos humanos en cualquier proceso de justicia transicional. Se deben adoptar otras medidas no judiciales complementarias para que así los estados no tengan que elegir entre la verdad y la justicia.
Además, numerosos instrumentos legales así como el derecho consuetudinario internacional establecen la obligación de los estados a investigar, enjuiciar y castigar a personas responsables de haber cometido graves violaciones de derechos humanos o derecho internacional humanitario con penas apropiadas a los actos cometidos. Las penas impuestas por crímenes de lesa humanidad, tal y como se establece en el derecho de los derechos humanos, debe ser conmensurado con la gravedad de los crímenes cometidos y por lo tanto exigen las penas más severas. Así, el Relator Especial establecer que se puede dar pie a la impunidad en caso de que las sanciones no sean proporcionales a la gravedad de los crímenes perpetrados.
En cuanto a los desafíos y obstáculos a la rendición de cuentas por estos crímenes, el informe destaca que tan solo una pequeña parte de aquellos responsables de haber cometido crímenes internacionales o crímenes de lesa humanidad son sujeto de investigaciones criminales debido a la limitada capacidad y voluntad de los recursos humanos y financieros disponibles.
Impunidad de jure
A continuación, el Relator Especial arroja luz sobre la impunidad de jure que surge de las medidas tomadas por los estados. En primer lugar, nombra numerosos países que han promulgado leyes de amnistía que obstruyen investigaciones criminales a la hora de embarcar en procesos de justicia transicional para facilitar acuerdos políticos. En algunos casos, como Sudáfrica, la justicia fue intercambiada por la verdad, otros países no tuvieron tanta suerte y no se obtuvo ninguna de las dos. A esto se le suma el hecho de que algunos estados han recurrido a provisiones legales como la prescripción o la no retroactividad de la ley para impedir la investigación y el castigo de estos crímenes a pesar de que estos no estén sujetos a limitaciones. En otros países, surgen problemas legales debido a la falta de definiciones legales para tales ofensas en sus respectivos códigos penales. Además, también se señala que aunque la enfermedades terminales de resolución inminente puedan dar lugar a perdones y amnistías, el deterioro físico y mental resultado de la edad y el envejecimiento no permite estos beneficios.
Impunidad de facto
La impunidad también puede surgir aunque se adopten mecanismos de justicia transicional dirigidos a la obtención de la justicia y la verdad. La presión y la intimidación a la que se enfrentan la fiscalía y los jueces sumado al prejuicio estructural y la desigualdad de las minorías dan pie a la impunidad. En casos como los de Uganda, Gambia y Colombia el gran número de casos bajo investigación sobrepasan la capacidad de los cuerpos judiciales que se enfrentan con desafíos operativos continuos.
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
El Relator Especial reconoce que a pesar de no haber definido jurídicamente ciertos crímenes internacionales, los códigos penales o la legislación especial en la mayoría de estados cubre estos crímenes. Más estados han decidido tomar medidas dirigidas a revocar amnistías o hacer que estas sean inconstitucionales, impidiendo así que el legislativo obstruya procesos adecuados de rendición de cuentas.
Más adelante, el informe también toma nota de la mejora de las capacidades institucionales que han permitido una mayor participación de la sociedad civil y la centralidad de las víctimas en los procesos de justicia transicional. Asimismo, ha habido una mayor dedicación a los sistemas judiciales nacionales y a su cooperación con el sistema internacional. Las buenas relaciones entre jurisdicciones nacionales e internacionales ayudan a combatir la impunidad. En este respecto, el principio de jurisdicción universal ha sido incorporado a la mayoría de los marcos normativos nacionales. Aún así, algunos estados siguen sin aplicar los estándares internacionales y a menudo recurren a sus propios marcos normativos para salir impunes a pesar del derecho internacional vigente.
El informe cierra con doce conclusiones y otras recomendaciones más. Entre estas, destacamos “la necesidad de adoptar un proceso holístico que sostenga los cinco pilares de justicia transicional - verdad, justicia, reparación, garantías de no-repetición y memoria”.
Informes de países: durante el Diálogo Interactivo, el Relator Especial también hizo mención de los informes de seguimiento de países, que resumimos a continuación.
Seguimiento de las visitas a Túnez, Uruguay y España
En Túnez, la Comisión de Verdad y Dignidad establecida en 2014 recibió 62,720 denuncias de violaciones de derechos humanos ; sin embargo, debido a la falta de tiempo y recursos, tan solo 205 de esas denuncias fueron procesadas y transferidas a las trece cámaras penales especializadas. La Comisión se enfrentó durante su mandato a obstáculos procesales y políticos continuos que sugieren una falta de voluntad para llevar a cabo un proceso de justicia transicional exhaustivo. Además, el Relator Especial también tomó nota de la falta de claridad respecto al correspondiente instrumento legal penando ciertas ofensas que recaen sobre la jurisdicción de las cámaras penales especiales, tal y como se establece en la Ley Orgánica núm. 53, pero que no ha sido integrada adecuadamente el marco legal penal. Por si esto fuera poco, la Ley tunecina no reconoce la gravedad de los crímenes de lesa humanidad tal y como se define bajo el derecho penal internacional. El Sr. Fabián Salvioli reconoció el relativo progreso realizado pero lamenta las lagunas y obstáculos que imposibilitan una rendición de cuentas, unas reparaciones y unas garantías de no-repeticiones notorias.
Respecto a Uruguay, el informe señala las prometedoras reformas adoptadas en varios frentes de las justicia transicional pero lamenta la falta de implementación de recomendaciones clave. Uruguay tomó medidas dirigidas a la rendición de cuentas estableciendo la Oficina del Fiscal General como una institución autónoma que después estableció una oficina especializada para procesar crímenes de lesa humanidad. A pesar de esta medida, el Relator Especial expresó su preocupación sobre el legado de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 que continúa siendo una fuente de impunidad de facto. Más allá, se resalta la necesidad de adoptar un programa de reparaciones exhaustivo. Finalmente, el relator alaba los pasos tomados por Uruguay en materia de memorialización y refuerzo de la independencia e integridad del poder judicial.
Finalmente, el informe aporta en gran detalle un análisis de las recomendaciones realizadas a España. El Relator Especial destaca el hecho de que muchos de los desafíos analizados en el informe de 2014 persisten a día de hoy. Las víctimas de la guerra civil y la dictadura siguen siendo negadas de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición. Esto es resultado directo de la continuada aplicación de la ley de amnistía de 1977 y las leyes de prescripción de las cortes nacionales, que continúan desatendiendo tales alegaciones a pesar de que esto es contrario a las obligaciones de respeto a los derechos humanos y estándares internacionales de España. Así, el Relator Especial recomienda derogar la ley de amnistía y que se actualice la ley vigente para que esta se alinee con el marco internacional. A pesar de la falta de continuidad, el Relator Especial comparte su optimismo sobre la creación de una Secretaría de Memoria Democrática encargada de asegurar el liderazgo del estado en políticas públicas destinadas a la preservación y promoción de la memoria democrática y el anteproyecto de memoria democrática, que podría dar respuesta a muchos de los puntos de contención señalados en el informe. El relator también recibe de buena fe el reciente incremento del presupuesto destinado a los municipios y comunidades para realizar exhumaciones y la redesignación del “Valle los Caídos” tras la exhumación de Franco. Finalmente, el relator celebra los esfuerzos realizados por el gobierno actual pero mantiene su preocupación ante la perspectiva de que los intereses partidistas puedan sembrar división social que en última instancia podría hacer peligrar la adopción de una estrategia de justicia transicional efectiva en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos.
Seguimiento a la visitas a Burundi, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sri Lanka
En el caso de Burundi, el Relator Especial toma nota de la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas fruto de la falta de investigaciones independientes. La Comisión de Investigación determinó que desde abril de 2015 se habían producido en Burundi graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, principalmente a manos de agentes estatales. Además, en 2018, el Gobierno revisó el mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para cubrir el periodo colonial. En 2019, la Comisión informó que 142,505 burundianos habían sido matados o habían desparecido desde los tiempos de la independencia en 1962 hasta el final de la guerra civil en diciembre de 2008. La objetividad de la Comisión se puso en entredicho por haberse centrado principalmente en la excavación de los asentamientos que eran conocidos por pertenecer al grupo étnico de los hutus. El Relator Especial tomó nota del progreso realizado en las exhumaciones pero finalmente lamentó que no se hubieran producido avances en otros frentes.
Siguiendo los acontecimientos recientes en el Reino Unido, el informe destaca las cuatro instituciones fruto del acuerdo de 2014 para lidiar con el violento periodo conocido como “The Troubles”. A pesar de las medidas adoptadas, a razón del cambio de gobierno en 2020 se ha tomado un nuevo enfoque. Representa un punto de inflexión significativo respecto al acuerdo previo por el acceso a la justicia de las familias de las personas asesinadas en conexión con “Troubles” puesto que se favorece la información por encima de la rendición de cuentas. El Relator Especial establece que el “legacy package” introducido este año, que se centró en recuperar información y la reconciliación y acabar con el “ciclo de investigaciones”, prohibiría los enjuiciamientos alegando la prescripción de los crímenes, acabando con los procesos penales e investigaciones. Fabián Salvioli lamentó la insuficiente implementación de las recomendaciones y continúa preocupado por el plan propuesto, que otorgaría amnistía total y colocaría al Reino Unido en violación directa de sus obligaciones de derechos humanos.
En su último informe de seguimiento, el Relator Especial presenta una imagen bastante lúgubre de la situación actual en Sri Lanka. El proceso de justicia transicional no solo se ha ralentizado sino que ha llegado abruptamente a su fin, y más violaciones de derechos humanos han sido cometidas desde la llegada al poder del nuevo gobierno. Se han suspendido investigaciones a oficiales militares y de seguridad vinculados a violaciones de derechos humanos y las represalias hacia numerosos miembros del Departamento de Investigación Penal han entorpecido la rendición de cuentas.
Además, el gobierno ha paralizado su apoyo a la Oficina de Personas Desaparecidas, ha intentado a través de medios judiciales suprimir los esfuerzos de memorialización realizados por las familias, y ha utilizado preocupaciones de seguridad para justificar amenazas, vigilancia y la obstrucción de las actividades de los defensores de derechos humanos. El gobierno no sólo no ha logrado implementar las recomendaciones realizadas sino que ha tomado medidas que directamente ponen en peligro el disfrute de derechos humanos en Sri Lanka.
Diálogo Interactivo con el Relator Especial
El 16 de septiembre de 2021, en la séptima reunión de la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, las Reparaciones y las garantías de no repetición tomó la palabra y presentó su informe a las partes interesadas abriendo un diálogo interactivo bajo el tema 3 de la agenda.
El Sr. Fabián Salvioli presentó el informe bajo el nombre de “Rendición de cuentas: enjuiciar y sancionar las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario en procesos de justicia transicional” así como los informes de seguimiento de Túnez, España, Uruguay, Ruanda, Burundi, el Reino Unido y Sri Lanka.
A continuación de esta presentación, apeló a las enormes dificultades que ha supuesto la pandemia que ha impedido visitas oficiales, que fueron reemplazadas por la participación en numerosas actividades en remoto. Este tiempo se empleó para realizar el seguimiento de las recomendaciones realizadas anteriormente. También tomó nota de haber realizado un informe temático sobre cómo las medidas de justicia transicional abordan las graves violaciones de derechos cometidas bajo contextos coloniales, este informe sería presentado en la próxima sesión de la Asamblea General.
También afirmó que la rendición es una obligación legal de los estados basada en el derecho internacional que les obliga a investigar estos crímenes y atribuir sentencias adecuadas a los crímenes cometidos. El Sr. Fabián Salvioli destacó la falta de uniformidad respecto a las medidas adoptadas por los estados ya que algunos han concedido perdones, amnistías, prescripciones, sentencias reducidas y en general métodos inadecuados que conducen a la impunidad y que no respetan los estándares internacionales. Sobre esta cuestión, reiteró que la búsqueda de la paz no debe impedir que se haga justicia y señaló que a menudo las víctimas se enfrentan a la decisión de elegir entre una u otra. En casos extremos, se fuerza a las víctimas a perdonar a los perpetradores, lo cual las revictimiza.
Para evitar esto, el Sr. Fabián Salvioli indicó que cualquier aproximación holística a la justicia transicional debe contar con los cinco pilares de justicia transicional - verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición, y memoria. Además, el Relator Especial proporcionó una síntesis de los casos de seguimiento analizados e hizo varios comentarios con especial énfasis en el retroceso de Sri Lanka en su proceso de justicia transicional a causa de la deteriorada situación en derechos humanos.
En el debate consiguiente, las delegaciones europeas participantes alabaron la labor del Relator Especial, manifestaron su compromiso para combatir la impunidad, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque centrado en las víctimas y presentaron varias preguntas. El delegado en representación de la UE preguntó al relator que elaborara sobre la rendición de cuenta y el respeto del estado de derecho en la construcción de prácticas democráticas justas y una paz sostenible.
El representante de Luxemburgo preguntó qué rol podría tomar el sistema de Naciones Unidas de Ginebra a la hora de ayudar a los países más necesitados en estas cuestiones. Suiza preguntó sobre el uso de la tecnología y cómo podía la comunidad internacional hacer valer las medidas complementarias. El representante suizo también se mostró preocupado sobre la situación en Sri Lanka e instó al relator a continuar con el seguimiento de los acontecimientos allí. El representante francés destacó el rol de la Corte Penal Internacional a la hora de combatir la impunidad e imploró que todos los estados ratificaran el Estatuto de Roma.
Los delegados de Egipto y Cuba se alzaron como algunas de las voces discrepantes del Diálogo Interactivo. Se reivindicó el respeto a la soberanía nacional, alegando implícitamente que los mecanismo legales internacionales no priman sobre el marco normativo nacional en vigor de los países afectados.
La labor del Relator Especial y su informe también fue objeto de crítica por parte de algunas delegaciones. Rusia criticó la supuesta ignorancia del relator por menospreciar el gran logro que supuso los juicios de Nuremberg y declaró que era imprudente exagerar el valor de los mecanismos de justicia transicional ya que estos habían sido infructuosos.
El diálogo se calentó con la intervención del delegado de India que cuestionó el conocimiento del Relator Especial sobre cómo el sistema judicial opera en India y criticó algunas de las observaciones realizadas sobre su país tachándolas de acusaciones infundadas. China e Irán tomaron una postura hostil similar acusando a Estados Unidos y sus aliados de violaciones de derechos humanos sin hacer ninguna referencia al progreso realizado por sus gobiernos sobre la materia en cuestión.
La siguiente intervención por la delegación Colombiana supuso un gran contraste con las declaraciones previas ya que se presentaron los avances realizados en el proceso de justicia transicional en el que Colombia sigue implicado. Otros países latinoamericanos como Ecuador, Uruguay, Chile Y Argentina compartieron su compromiso con la causa alegando que los estados tienen la obligación de realizar investigaciones y que en ningún caso se pueden adoptar disposiciones judiciales que conduzcan a la impunidad. Respondiendo directamente a los comentarios del Relator Especial sobre la impunidad que ha continuado más allá de la Segunda Guerra Mundial. El delegado de Corea del Sur arrojó luz sobre el caso de las “mujeres de confort de la Segunda Guerra Mundial”.
En su segunda intervención, el Sr. Fabián Salvioli quiso responder a algunas de las cuestiones y preguntas presentadas. En cuanto a cómo podía la comunidad internacional contribuir a la rendición de cuentas, reclamó que se debía adoptar una sola voz y que la cooperación con la CPI era clave. En referencia a la importancia que guardan los archivos para la rendición de cuentas, afirmó que es necesario homogeneizar las políticas. Más adelante, sobre la pregunta planteada por Togo sobre si se podían conceder perdones por razones humanitarias, el Relator Especial indicó que el informe presenta los criterios a seguir en estos casos y que solo en caso de enfermedad terminal corresponde que se concedan perdones.
En las siguientes intervenciones, las delegaciones africanas tomaron el protagonismo del diálogo. En términos generales, hicieron manifiesto su compromiso con la justicia transicional compartiendo muchos de los cuestiones apuntadas por el Relator Especial y presentando el progreso realizado en sus respectivos procesos de justicia transicional.
Sudán destacó que el Acuerdo de Paz alcanzado en 2020, la adopción de una ley de transición, así como la cooperación del gobierno con la CPI y un memorándum de entendimiento. Sudán del Sur también compartió su compromiso con la paz y la reconciliación, destacando que el ministerio de justicia cuenta con el mandato para crear una Comisión de la Verdad. Gambia destacó la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2018 y la extensión de su mandato hasta 2021 para asegurar el cumplimiento de su labor. Uganda tomó su propia experiencia en la materia como prueba de que las garantías de no repetición son vitales para cualquier proceso de justicia transicional y respaldó las voces que llaman a que se ponga fin al recurso abusivo a las leyes domésticas para evitar las obligaciones internacionales.
Siguiendo las intervenciones de representantes estatales y regionales, la sociedad civil tomó la palabra. Los acontecimientos más recientes involucrando las medidas adoptadas por el gobierno británico recibieron gran atención. Las ONGs denunciaron los planes del gobierno de adoptar amnistías y recordaron al gobierno británico de sus obligaciones con los derechos humanos. Se pidió que el Consejo de Derechos Humanos continuara con el seguimiento de este caso. Respecto a Liberia, se destacó que no se habían adoptado medidas adicionales para establecer un Tribunal de Crímenes de Guerra debido a la falta de voluntad política. Más adelante, se prestó atención al recrudecimiento de la situación en Filipinas en la que el actual gobierno perpetúa distorsiones históricas sobre el pasado del país. Tras haber intervenido 50 delegaciones y 15 ONGs, el Relator Especial realizó sus declaraciones finales. Insistió en el papel clave que tienen las ONGs en la labor de su mandato y tomó nota de las sugerencias de indagar en las violaciones de derechos humanos cometidas por actores no estatales y anunció que este sería el tema subyacente de su próximo informe. En cuanto a cómo asegurar la capacidad técnica de las Comisiones de la Verdad y la independencia del trabajo de éstas, remarcó que las Comisiones de la Verdad deben ser provistas de suficiente tiempo y recursos. Además, se necesita de la involucración de más gente con formación en derechos humanos y en tratamiento de víctimas con perspectiva de género. En sus declaraciones finales, el Relator Especial insistió en la importancia de la reconciliación para restaurar la confianza en el estado y garantizar una paz duradera, que es inalcanzable si se recurren a métodos exclusivamente judiciales.
Posición de Geneva International Center for Justice
GICJ recibe de buen agrado el informe y alaba al Relator Especial por haber cumplido con su labor a pesar de los obstáculos que ha tenido que enfrentar a luz de la pandemia a través de la organización de actividades en sustitución de las visitas programadas. Nos gustaría asimismo extender nuestra apreciación a los miembros del Consejo que han hecho manifiesto su compromiso con la justicia transicional durante el Diálogo Interactivo. Sin embargo, nos mostramos preocupados por la actitud de aquellos países que se escudan detrás de provisiones legales nacionales y la soberanía nacional para justificar la falta de medidas de justicia transicional que se han tomado que en última instancia llevan a la impunidad de facto.
Llamamos a que los estados atravesando procesos de justicia transicional en la actualidad aprendan una lección de los casos pasados. A la hora de establecer mecanismos de justicia transicional, los estados deberían tomar medidas para permitir que las Comisiones de la Verdad y Justicia puedan cumplir con su mandato y llevar a cabo su labor independientemente sin miedo a presiones políticas y sociales. Sobre este tema, también nos gustaría acentuar la necesidad de adoptar medidas de fortalecimiento de capacidades dirigidas a dotar a los instrumentos involucrados con el material y los medios financieros y humanos necesarios para asegurar que el mandato se ha completado a tiempo y con un resultado satisfactorio. Demasiadas veces, las Comisiones de la Verdad no son concedidas tiempo suficiente para completar su mandato que es la razón por la cual instamos a que los países que actualmente implementan estos instrumentos a extender el mandato de las comisiones de ser necesario.
GICJ coincide con muchas de las declaraciones que apuntan a la necesidad de aplicar una justicia restauradora de forma complementaria a los procedimientos legales estándar. Recibimos calurosamente la insistencia del Sr. Salvioli de incluir a la memoria como el quinto pinto pilar de Justicia Transicional, un elemento que ha sido históricamente menospreciado en procesos de todo el mundo. Destacamos la necesidad de tomar un enfoque holístico dirigido a establecer una paz duradera. Creemos que el único medio a ese fin es la adopción de un enfoque inclusivo centrado en torno a las víctimas. La reconciliación debería ser en última instancia el objetivo final de cualquier proceso de justicia transicional; sin embargo, esta es inalcanzable a través de medios exclusivamente judiciales.
De forma similar, no se debe permitir que las amnistías y otras medidas conducentes a la impunidad sean excusadas en pos de la paz y la reconciliación. Los estados deben asumir su pasado para encarar el futuro. En caso de no hacerlo, el conflicto social y las futuras violaciones de derechos humanos serán más probables.
Justice, Human rights, Geneva, geneva4justice, GICJ, Geneva International Centre For Justice
