Traducido por Natalia Venegas / GICJ
El 5 de abril de 2022, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Antonio Guteres, a través de su portavoz adjunto, emitió una declaración relativa a un ataque contra las fuerzas de mantenimiento de la paz en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo (RDC) [1]. Este ataque fue supuestamente llevado a cabo por una milicia, llamada Cooperative pour le developpement du Congo (CODECO), que se cobró la vida de un miembro de las fuerzas de paz de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) de Nepal [2]. No es la primera vez que las fuerzas de paz de la ONU caen en el Congo, ya que la semana anterior se produjo otro ataque en el que murieron ocho miembros de las fuerzas de paz en la provincia de Kivu Norte [3].
En mayo de 2021, la República Democrática del Congo impuso la ley marcial en Kivu Norte e Ituri para reprimir la inseguridad en la parte oriental del país (Ituri y Kivu Norte) [4]. El país ha sido objeto de numerosos conflictos, como la invasión de Bélgica en 1960, la crisis de Ruanda de 1994 y, actualmente, la guerra civil entre el gobierno congoleño y los grupos armados (por ejemplo, CODECO y M23). La MONUSCO se estableció por primera vez con el nombre de Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) mediante la Resolución 1279 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en julio de 1999, tras el Acuerdo de Lusaka. Inicialmente, la organización fue diseñada para supervisar la aplicación del Acuerdo de Lusaka, pero su mandato se amplió posteriormente para incluir la protección de los civiles, el personal humanitario y los defensores de los derechos humanos del conflicto en curso [5]. La MONUSCO estaba incluso equipada por la "Brigada de Intervención", o sea, un grupo de fuerzas militares de Tanzania, Malawi y Sudáfrica autorizadas a realizar operaciones ofensivas para neutralizar y desarmar a los grupos que amenazan al Estado y a los civiles [6]. Aparte del incidente en el que se vieron implicados los miembros del mantenimiento de la paz, cientos de civiles murieron y resultaron heridos durante este conflicto, y alrededor de 5 millones de personas se vieron desplazadas internamente en todo el país [7].
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) protege no sólo a los civiles y a las personas fuera de combate en los conflictos armados, sino también al personal que participa en las misiones de mantenimiento de la paz. Esta norma está reconocida tanto en los tratados de derecho internacional, como el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas, como en el derecho internacional humanitario consuetudinario [8]. Las violaciones de esta norma conllevan la obligación de los Estados parte de investigar y procesar a los infractores [9]. Como dato positivo, la República Democrática del Congo ha condenado a los militares que fueron declarados responsables del asesinato de expertos de las Naciones Unidas en 2017 [10]. En el contexto de la Justicia Internacional, se estableció un juicio en la Corte Penal Internacional por los crímenes relacionados con un ataque a las fuerzas de paz en Sudán [11].
Geneva International Centre for Justice (GICJ) encuentra preocupación por el incidente mencionado. Condenamos enérgicamente las violaciones del DIH al dirigir un ataque contra el personal que participa en misiones de mantenimiento de la paz, por no hablar de los civiles en el Congo. Aprendiendo de las acciones pasadas, GICJ hace un llamado a la RD del Congo para que se lleve a cabo una cuidadosa e inmediata investigación criminal de los crímenes en cuestión y, finalmente, a todas las partes en conflicto para que cumplan con la legislación vigente en virtud del DIH.
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