Traducción por Nicole Gonzalez, GICJ
Ginebra 28 de mayo de 2020
Reacción de la GICJ al informe más reciente de la UNAMI:
La Verdadera Justicia En Iraq Sólo Se Logrará Después De Desmantelar Las Milicias
La GICJ recibe con gran ambivalencia el informe más reciente de la UNAMI, titulado "Manifestación en el Iraq, 3ª actualización", y publicado el 23 de mayo de 2020. Varios aspectos del informe demuestran la intención de la UNAMI de lograr que se rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos que se produjeron durante las protestas en el Iraq, que siguen en marcha. Sin embargo, gran parte de su retórica sigue siendo deferente al Gobierno iraquí y su capacidad de investigar y traer ante la justicia a los autores de estos abusos.
Reconocemos la especificidad de algunas de las recomendaciones de la UNAMI, como la de aclarar la estructura de mando del aparato de seguridad del país y consecuentemente desarmar a los grupos que operan fuera de esta estructura de mando oficial. Es mucho lo que se necesita hacer para controlar a las milicias que, actualmente, están gozando de un margen de maniobra demasiado amplio. Sin embargo, la UNAMI no se está enfocando en la verdadera raíz del problema: la influencia de las milicias en el sistema político del Iraq. Los partidos políticos tienen una deuda con las milicias y esto influye como se conducen los poderes legislativo y judicial del gobierno iraquí. Por lo tanto, la verdadera justicia sólo se logrará cuando el gobierno esté libre de la influencia de las milicias.
Lamentablemente, el informe llega a una conclusión errónea sobre el papel de las fuerzas de seguridad del gobierno iraquí en los abusos. Remarca, con indiferencia, que la evidencia disponible "no indica la participación de las fuerzas de seguridad iraquíes" y luego procede a observar que "33 personas fueron arrestadas y detenidas por las fuerzas de seguridad iraquíes y no se pusieron – o no pudieron ponerse – en contacto con sus familias durante su detención". Esta contradicción es confusa ya que es evidente que las Fuerzas de Seguridad iraquíes están implicadas en estas 33 violaciones.
Esta conclusión errónea se basa en la observación de que "ninguno de los entrevistados fue remitido a un juez de instrucción y ninguno tuvo acceso a abogados o [a sus respectivas] familias", lo que impidió la participación del Gobierno. Esta lógica es incorrecta. En todos los años pasados, las autoridades gubernamentales iraquíes corruptas han participado en arrestos extrajudiciales y secretos.
Finalmente, el informe se apresura a descartar toda prueba de participación del gobierno en los abusos a través de actos de omisión. Mas allá de la evidencia examinada por la GICJ que indica que las milicias han golpeado a los manifestantes frente a las fuerzas de seguridad, el propio informe detalla la visible reticencia del gobierno de investigar los secuestros y de localizar a las víctimas – a pesar de que las familias hayan presentado quejas oficiales.
Por lo tanto, la GICJ renueva su apelación a la UNAMI, y a las Naciones Unidas, para que adopten una postura más firme con respecto al Gobierno del Iraq, y para que se replanteen, y prescindan, de su enfoque deferente. Por ejemplo, el tono del informe señala un apaciguamiento hacia el gobierno iraquí sin un reproche suficiente de sus acciones e inacciones conscientemente tomadas. Declaraciones engañosas como
"La UNAMI acoge el compromiso del nuevo gobierno para definir la cantidad de víctimas y las razones que surgen por efecto de la violencia ligada a las manifestaciones y publica su reporte en apoyo a los esfuerzos del Gobierno por tomar responsabilidad"
son irresponsables ya que la evidencia revelada en el mismo informe demuestra claramente una negligencia y un fracaso indudable de la parte del Gobierno iraquí a la hora de tomar medidas razonables para la rendición de cuentas o de abordar suficientemente (en cualquier forma) las graves cuestiones destacadas en el informe.
La conclusión clave que el GICJ saca del informe de la UNAMI, leyendo entre las líneas llenas de "sutilezas" injustificadas es que las violaciones de los derechos humanos en Iraq continúan bajo una impunidad arraigada con poco, a ningún, esfuerzo por parte del gobierno iraquí para asegurar la rendición de cuentas y la justicia en las violaciones graves de derechos. Por ende, la GICJ reitera su petición que se adopten medidas independientes, como la creación de un tribunal internacional para procesar las violaciones de los derechos humanos en el Iraq desde 2003. Una acción internacional como esta es la única forma de conseguir lograr una verdadera justicia en el Iraq.
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